El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, confirmó su solicitud de siete años de prisión para Víctor de Aldama, quien enfrenta graves acusaciones de cohecho y participación en una organización criminal junto al exministro José Luis Ábalos y su asistente Koldo García. A pesar de que Luzón contemplaba una posible reducción de la pena por atenuantes, Peramato se opuso a esta opción, argumentando que sería un desaire al Gobierno.

La tensión se intensifica en el seno del PSOE, especialmente tras las explosivas declaraciones de Aldama, quien durante su extensa declaración judicial no dudó en señalar a Pedro Sánchez como el «número uno» de la trama de corrupción. Aldama también acusó a Sánchez de haber recibido financiamiento ilegal por parte de constructoras y menciona el involucramiento de la esposa del presidente en manejos irregulares relacionados con propiedades del Gobierno.

Durante su comparecencia, Aldama afirmó que el Partido Socialista había recibido pagos ilegales y que había influido en decisiones a nivel gubernamental en beneficio de sus intereses personales. Este tipo de acusaciones ha elevado la preocupación en círculos políticos, donde se teme que las revelaciones puedan afectar la imagen del partido y su liderazgo.

¿Significa esto una nueva estrategia en la defensa?

Luzón se alineó con la postura de Peramato, reconociendo que cualquier modificación en la petición de pena podría resultar políticamente insostenible. Sin embargo, está previsto que en su próxima presentación, Luzón argumente que la cooperación de Aldama durante la investigación debería considerarse para aplicar atenuantes.

Por otro lado, la acusación popular liderada por el Partido Popular (PP) sí ha optado por reducir la imputación, solicitando una pena de cinco años y dos meses para Aldama, en lugar de los siete inicialmente demandados. No obstante, esta reducción, al ser inferior a dos años de cárcel en cada acusación individual, permite la posibilidad de que Aldama solicite una suspensión de pena, conforme al artículo 80 del Código Penal.

Este artículo permite a los jueces dejar en suspenso la ejecución de penas de prisión de menos de dos años bajo ciertas condiciones, lo que podría jugar a favor de Aldama si se considera su cooperación con la justicia.