La esposa de Pedro Sánchez, en el ojo de la tormenta: ¿juicio popular a Begoña Gómez?
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a un jurado popular por presuntos delitos de corrupción. Este nuevo giro en la investigación ha generado gran expectación y debate en el ámbito político.
Las imputaciones que pesaron sobre Begoña Gómez
La investigación señala a Gómez por corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida. Este material se ha recabado durante una larga audiencia en los juzgados de la plaza Castilla de Madrid, a la que Begoña no asistió debido a sus vacaciones de Semana Santa.
Decisión del juez: un jurado popular
Peinado, quien había marcado una audiencia para tratar el asunto, se limitó a informar a los abogados sobre la situación del proceso, dado que la ley permite que la mujer del presidente no comparezca en este tipo de trámites. El juez había decidido, a través de un auto del 20 de marzo, que la acusación de malversación sería juzgada conforme a la normativa que prevé la intervención de un jurado popular.
La carrera de Begoña Gómez en entredicho
Según las acusaciones, la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), creada en la Universidad Complutense de Madrid, fue impulsada por Begoña aprovechando su vínculo con el presidente. La investigación apunta a una reunión en julio de 2020 donde el rector de la universidad, Joaquín Goyache, habría acelerado los trámites para la creación de esta cátedra a petición de Gómez.
Vínculos con empresarios y posibles irregularidades
Las pesquisas también revelan frecuentes encuentros entre Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quien participó en el desarrollo académico de la cátedra. Además, se señala que Gómez promovió la empresa Innova Next S.L.U. en licitaciones vinculadas a la entidad pública Red.es, obteniendo contratos que superan los 10 millones de euros. La investigación detectó irregularidades en la adjudicación de estos contratos.
Colaboraciones cuestionadas y apropiaciones indebidas
María Cristina Álvarez, asistente de Gómez, es también objeto de la investigación. Álvarez, que ocupaba un puesto en Moncloa, supuestamente llevó a cabo funciones que sobrepasaban su ámbito de competencia, incluyendo la captación de fondos y la gestión de convenios con empresas de la magnitud de Google y Telefónica.
El futuro de Begoña Gómez en balanza
Durante la vista del día de hoy, las partes involucradas presentaron sus alegaciones. Las defensas de Gómez, Barrabés y Álvarez han solicitado el archivo del caso, mientras que las acusaciones han demandado pruebas adicionales. La Audiencia Provincial de Madrid deberá decidir sobre el rumbo de este polémico procedimiento.
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, considera que la causa se ha convertido en una “auténtica pesadilla”, argumentando que no existen pruebas suficientes para validar las acusaciones. Por su parte, las acusaciones piden profundizar en las irregularidades asociadas con la contratación de Álvarez como asesora de Gómez.
Con la incertidumbre en aumento, el juez aguarda varios informes complementarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que podrían aportar más detalles sobre las actividades de Begoña Gómez.
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