Alberto González Amador, empresario y compañero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su defensa en el juicio que lo involucra en un supuesto fraude a la Hacienda. En el escrito, sostiene que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz violó sus derechos a un proceso justo y asegura que no hay evidencias de fraude fiscal en su contra.

Negación de la Deuda Tributaria

La defensa de González Amador argumenta que no existe deuda tributaria correspondiente a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Además, asegura que las facturas presentadas son auténticas y no forman parte de un esquema fraudulento.

Las Acusaciones Pesan Fuertemente

El empresario se enfrenta a serias acusaciones que incluyen tres años y nueve meses de prisión, así como una multa de 448.927 euros. Estas imputaciones son por delitos de fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, entre otros.

Defensa en Base a Derechos Fundamentales

González Amador y su equipo legal argumentan que sus derechos a la defensa y a la presunción de inocencia han sido vulnerados. En su escrito, señalan que las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tildó a Ayuso de tener relación con un “delincuente confeso”, agravan la situación.

La Controversia del Procedimiento Judicial

La defensa de González Amador sostiene que el proceso en su contra es “la antítesis del procedimiento penal justo”. Denuncian que la actuación del anterior fiscal general, condenado por revelación de datos reservados, socavó los mecanismos que garantizan la legalidad y que han alterado los derechos fundamentales del empresario.

Desestimación de Cargos

En su alegato final, la defensa afirma que los hechos presentados no constituyen ningún delito, ya sea por evasión fiscal o falsedad documental. Además, resalta que la acusación enfrenta serias incongruencias en sus alegaciones.

En noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento de González Amador, entre otros, por presuntos fraudes que suman un total de 350.951 euros en el período 2020-2021, en el que habrían utilizado un sistema de facturas falsificadas.