La nueva táctica de fraude: abandono de menores para obtener ayuda social en España
Los recientes informes policiales han revelado un alarmante modus operandi de abandono de menores, protagonizado por familias africanas que buscan recurrir a los servicios sociales españoles. Esta práctica ha aumentado ostensiblemente en regiones como el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Murcia.
Según declaraciones de los menores bajo tutela, cuando la policía intenta localizar a sus padres, estos ya han abandonado el país. Uno de los niños, ahora bajo el cuidado de servicios sociales en Murcia, compartió la instructiva que recibió: «No vayas a la comisaría hasta que te avisemos de que hemos regresado a casa».
Un fenómeno alarmante en crecimiento
Las autoridades están preocupadas por la rápida expansión de este fraudulento fenómeno. Al inicio de este plan, los padres se quedaban en la misma ciudad donde dejaban a sus hijos, asegurándose de que recibieran atención y no quedaran desamparados. En ocasiones, incluso observaban el ingreso de los menores a los centros de acogida desde las cercanías de la comisaría.
La estrategia detrás de la huida
Actualmente, y tras ser conscientes de la vigilancia policial, las familias han cambiado drásticamente su estrategia. Viajando a España con la apariencia de turistas, los padres dejan a sus hijos en los hoteles, sin informar al personal sobre su situación. Indican a los niños que se dirijan a la comisaría una vez que ellos hayan llegado a su país de origen, como Marruecos o Argelia.
Les proporcionan algo de dinero y teléfonos móviles, típicamente de última generación, para asegurarse de que puedan comunicarse en caso de complicaciones. Además, buscan que algún conocido esté pendiente de su situación.
Consecuencias legales y la búsqueda de residir en España
De esta manera, los padres logran que sus hijos sean tutelados por el Estado sin enfrentarse a consecuencias penales. El abandono infantil es un delito que puede acarrear penas de entre uno y dos años de prisión, además de inhabilitación para ejercer la patria potestad por un periodo de entre 4 y 10 años. No obstante, como este tipo penal prescribe a los cinco años, su objetivo de establecerse en España permanece intacto, aprovechando la complejidad de los trámites de reagrupación familiar.
Sitios España – Portal de Noticias y medios españoles Noticias de españa y del mundo.