La creación de un Tribunal Ciudadano de Justicia que investigue
los desmanes inmobiliarios cometidos por bancos, cajas de ahorros y
compañías tasadoras contra la ciudadanía y que exija además la
devolución de lo estafado a los usuarios y al Estado, es una de las
novedades de la Asamblea de indignados de Sol, planteada la noche
del domingo y aprobada masivamente por los asistentes a manos
alzadas. Varios miembros del movimiento 15 M informaron de la
iniciativa a la asamblea, compuesta por más de dos mil personas.
El Tribunal Ciudadano investiga tales prácticas bancarias tras
recoger y cruzar toda la información posible procedente de aquellas
personas que, sin saberlo, recibieron créditos tramitados
ilegalmente por gestores bancarios, cajas de ahorros y suscribieron
contratos de compraventa de pisos fraudulentamente sobre-tasados.
Hasta el momento los portavoces del tribunal aseguran disponer de
información sobre 20.000 contratos inmobiliarios, pero se proponen
recoger mucha más información y cruzarla convenientemente para
llegar hasta el origen de los fraudes y esclarecerlos.
El tribunal quedará formado por un jurado ciudadano de 20
miembros titulares y otros 20 suplentes elegidos entre los
propuestos desde las asambleas de barrio. Posteriormente a la
investigación, tratará públicamente los casos y enjuiciará la
conducta de las entidades concernidas en prácticas delictivas.
Las prácticas denunciadas en la Asamblea perseguían -y aún
persiguen- cobrar las comisiones correspondientes a las cédulas
hipotecarias, cuyos topes legales han sido sistemáticamente violados
por bancos, cajas de ahorros y tasadoras. El delito que la Asamblea
de Indignados denuncia consiste en que las entidades bancarias
involucradas en métodos crediticios ilegales ganaban sus comisiones
según el volumen de préstamos hipotecarios que concedían pero lo
hicieron a costa de personas que carecían de medios para
devolverlos.
Origen de la burbuja
En vez de atenerse a la normativa legal, que mantenía un fondo
exigido al concesionario del préstamo —la tradicional entrada,
aproximadamente el 20% del valor total contratado— los gestores
fraudulentos de bancos y cajas otorgaron créditos sin tales límites,
operación especulativa que luego las compañías tasadoras
completaban, de manera igualmente ilegal, mediante la sobre-tasa de
las viviendas contratadas. De este modo, espoleaban la demanda
ficticia de pisos que, a su vez,disparaba la oferta de viviendas y
distorsionaba la planificación urbanística hasta extremos ruinosos.
En esas prácticas de concesiones fraudulentas de crédito a
personas insolventes, desprovistas además de información veraz, y en
las sobre-tasaciones ilegales de viviendas con fines especulativos
sitúa el nuevo Tribunal Ciudadano el origen de la burbuja
inmobiliaria. Asimismo, la Asamblea de Indignados del 15 M destacó
que muchos de los estafados son inmigrantes que no dominan la lengua
y a quienes se les hurtó la información de detalle sobre el alcance
de aquello a lo que se comprometían.
Los préstamos no devueltos han de ser satisfechos por el Estado,
según denuncian los portavoces del Tribunal Ciudadano, que remarcan
asimismo que la tarea investigadora que se proponen realizar debiera
haber sido acometida previamente por el Estado, al que imputan
declinar del cumplimiento de su deber al respecto.
Los informadores facilitaron una dirección electrónica
www.tribunalciudadanodejusticia.com para encauzar la información
de quienes deseen aportar sus datos en este proceso que se
informará, expondrá, debatirá y juzgará públicamente antes de las
eventuales actuaciones de oficio. En la misma asamblea se informó
también del comercio justo y del consumo solidario. Estas nuevas
modalidades de comercio y consumo se aplican ya en ámbitos de
barrios y localidades, para ampliarse a círculos cada vez más
extensos de la población. Consisten en la toma de conciencia del
alcance social de tales buenas prácticas en contraposición a los
hábitos comerciales desorbitados de la sociedad de consumo.
