Después de cuatro días de asambleas, comisiones y gritos mudos,
llegan las multas. Al margen de los 28 detenidos por resistencia,
desobediencia y atentado contra la autoridad en los cuatro desalojos
de la Puerta del Sol, la policía ha identificado a un total de 560
indignados en esta plaza fuera del horario límite de las
concentraciones autorizadas, ha informado un portavoz de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid. De ellos, 300 fueron identificados el
fin de semana y el resto, entre el lunes y esta misma madrugada. La
delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha confirmado a la cadena
SER que su intención es multarlos.
Mientras los miles de manifestantes que protestaron en Sol hasta
la medianoche, saltándose el plazo de cinco horas permitido por la
Delegación, no serán sancionados, los cientos de indignados que
estaban allí en el momento de las actuaciones policiales sí tendrán
que hacer frente a sanciones. El artículo 23 de la Ley de Protección
de Seguridad Ciudadana tipifica como “falta grave” supuestos como la
negativa a disolver las manifestaciones y reuniones de tránsito
público ordenada por la autoridad pertinente. La multa habitual en
estos casos es de 300 euros, según la Delegación del Gobierno. Según
Eric Sanz de Bremond, uno de los abogados de la comisión de legal,
ninguno de los supuestos (ilicitud penal, vestir uniformes
paramilitares y alteraciones de orden público con peligro para
bienes y personas) a los que se refiere dicho artículo, tipificados
a su vez en la Ley de reunión, están relacionados con la presencia
de los indignados en la plaza. La policía remitirá los datos de los
identificados a la Delegación del Gobierno, la autoridad competente
para dictaminar las sanciones administrativas.
Sanciones a los promotores
“La propia Cifuentes ha incumplido la orden que ella misma
dictaminó al permitir que las concentraciones se alargaran fuera del
horario establecido por la Delegación”, denuncia Javier Mestre, el
abogado que asesoró a Robert Monjo, la única persona que pidió
permiso para concentrarse en Sol. A raíz de su petición, se
establecieron los horarios y se autorizaron 35 horas divididas en
cuatro días y no las 96 ininterrumpidas que convocó el 15-M.
Además de estas sanciones individuales, Cifuentes ha recordado
que los promotores del resto de concentraciones que han tenido lugar
los últimos cuatro días en las plazas aledañas al Kilómetro 0 y que
no contaban con autorización se enfrentan también a sanciones
administrativas al incumplir el artículo 21. 2 de la Constitución,
que recoge que en las reuniones de tránsito público y
manifestaciones se “debe dar comunicación previa a la autoridad”,
cosa que no hicieron los indignados. El único promotor con nombre y
apellidos fue Monjo, que solicitó el uso de la Puerta del Sol
durante los festejos y que llegó hasta el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) para evitar la limitación horaria, con
nulo éxito.
Pero puede estar tranquilo; él fue el único indignado que
comunicó su decisión a las autoridades. Los miembros del 15-M
comunicaron a través de una de las páginas web del movimiento (www.tomalaplaza.net)
la utilización de varios espacios públicos para celebrar la decena
de comisiones que recogen las reivindicaciones del movimiento. La
cuestión es ¿cómo sabrá la delegada quiénes son los promotores para
multarlos?
El caso de Laura
Por otro lado, en declaraciones a la SER, Cifuentes ha destacado
también la “actuación ejemplar” de la policía y ha manifestado su
satisfacción de que la Delegación haya conseguido su objetivo:
compatibilizar el derecho de manifestación de los miembros del 15-M
sin alterar la vida de los vecinos y comerciantes de la zona,
evitando la acampada. “No me consta que haya habido ninguna
declaración deplorable por parte de los agentes”, ha asegurado la
delegada, con referencia al vídeo que recoge la agresión a Laura
Díaz por parte de varios agentes la madrugada del pasado domingo
cuando esta periodista se disponía a volver a casa después de una
noche de fiesta.
Cifuentes ha asegurado no haber visto tales imágenes y ha
criticado que la
supuestamente agredida no denunciara a la policía para investigar el
caso. Los abogados de la comisión de legal de Sol, que asesoran a
Díaz, han comunicado a este periódico que están recogiendo la
documentación necesaria para poner la denuncia esta misma semana y
recuerdan que los hechos se pusieron en conocimiento de la juez de
guardia. “Me parece una tremenda irresponsabilidad criminalizar al
Cuerpo Nacional de Policía”, ha sentenciado. A la delegada no le
vale que ese vídeo lo hayan recogido varios medios de comunicación.
“Lo que diga un periodista, con todos los respetos, no puede ser
palabra de Dios”, ha añadido.
