Los 49 cuerpos encontrados el domingo en una carretera aledaña a
Monterrey, norte de México, fueron todos decapitados, desmembrados y
los agresores les cortaron las manos para dificultar la
identificación dactilar, informaron autoridades estatales.
"Se tienen contabilizados 49
cuerpos, de los cuales 43 son del sexo masculino y seis del sexo
femenino", dijo en conferencia de prensa Jorge Domené,
portavoz de Seguridad del estado de Nuevo León, cuya capital es
Monterrey.
Los cuerpos, todos sin cabeza y
mutilados de las cuatro extremidades, fueron abandonados en la
madrugada en bolsas de plástico apiladas en una zona poco
transitada de la carretera libre de Cadereyta, un municipio ubicado
a 30 km de Monterrey, en el poblado de San Juan,
a 180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
El gobierno Federal, por su parte, condenó con toda energía la
matanza y atribuyó estos hechos violentos a la
disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas y
mercados delictivos.
Hay indicios de que la Federación del Pacífico, una organización
criminal a cargo de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo"
Zambada, así como el cártel Los
Zetas, "han desatado, con apoyo de diversos criminales,
episodios inhumanos e inadmisibles de violencia irracional en su
disputa criminal", dijo en comunicado la Fiscalía federal.
La respuesta gubernamental está fundada en la Estrategia Nacional
de Seguridad, implementada con operativos conjuntos de militares,
policías estatales y municipales, para llevar a estos criminales
ante la justicia, añadió la Fiscalía.
"Pensamos que probablemente las víctimas son de otra entidad o
pudieran ser migrantes, no descartamos ninguna posibilidad",
dijo de su lado Adrián de la Garza, fiscal de Nuevo León.
El gobierno de El Salvador
expresó su más enérgica condena a la masacre a través de una nota
oficial difundida por su cancillería, en la que señaló que
sigue con atención el caso y queda a la espera de "cualquier
información que derive de las investigaciones".
En 2010, 13 salvadoreños
perecieron en una masacre de 72 personas cometida por el cártel Los
Zetas en Tamaulipas, noreste de México. En la matanza
también perecieron ciudadanos de Honduras, Guatemala, Ecuador y
Brasil.
Sobre la masacre de este domingo, el fiscal de la Garza sostuvo
que la hipótesis de que se trate de migrantes o personas de otra
entidad deriva de que en los últimos días, las autoridades
no tienen reportes de personas secuestradas o desaparecidas en la
región donde ocurrieron los hechos. De la Garza añadió que
algunos de los cadáveres estaban desnudos y que les fueron cortadas
las manos para dificultar la identificación mediante las huellas
dactilares, por lo que los peritos
forenses han empezado a extraer muestras de ADN.
En el lugar fue encontrado también un mensaje que indica que
la masacre fue autoría de Los Zetas, una violenta
organización criminal fundada por exmilitares desertores que opera
principalmente en los estados del norte, noreste y este del país,
precisó Domené.
La primeras pesquisas indican que algunas de
las víctimas tenían hasta 48 horas
de haber sido asesinadas y que no fueron ultimadas en el
lugar donde se encontraron.
Las autoridades recibieron una llamada de emergencia en la
madrugada y una patrulla tripulada por militares
encontró a las víctimas tiradas en la carretera con tierra adherida
a los cuerpos, lo que indica que fueron trasladadas en un
camión y arrojadas en medio de la oscuridad, indicó De la Garza.
Este macabro hallazgo es "un
reflejo de los actos que
han ocurrido a lo largo del país, lo que ocurrió
recientemente en Nuevo Laredo, hace unas semanas en Jalisco y hace
algunos meses en Veracruz", explicó Domené.
El hallazgo ocurre cuatro días
después de que otros 18 cadáveres decapitados y mutilados fueran
localizados en dos automóviles en una carretera cercana a
Guadalajara (oeste), presuntamente como venganza de Los Zetas por 23
asesinatos ocurridos el viernes 4 de mayo en la ciudad de Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
Más de 50.000 personas han muerto en México en los últimos cinco
años a consecuencia de las disputas entre los cárteles del
narcotráfico y la ofensiva militar lanzada por el gobierno, incluido
un número indeterminado de víctimas ajenas al crimen organizado.