El Gobierno de Mariano Rajoy sufrirá este jueves una huelga
general cuando aún no lleva ni cien días de mandato. El octavo paro
general de la democracia, “el más justificado de todos”, según los
convocantes UGT y CCOO, llega en un momento de especial debilidad
para el Ejecutivo del PP. La huelga pretende meter presión al
Gobierno central para que cambie una reforma laboral de urgencia que
le exigió Bruselas y que abarata el despido además de permitir
bajadas unilaterales de sueldo. La convocatoria se produce cuando
España padece los mayores problemas de paro de su historia (hay 5,3
millones de desempleados), llega con el Ejecutivo del PP zarandeado
por un imprevisto resultado electoral en Andalucía —que mantiene a
la izquierda en el poder de la comunidad más poblada de España— y
cuestionado por las autoridades europeas, que desconfían del rumbo
que sigue este país y duplican sus exigencias de disciplina. Con
estos antecedentes, la movilización de los trabajadores contra le
reforma laboral no hará rectificar una coma a Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno, que ha negado que el fracaso
electoral en Andalucía tenga que ver con su política de recortes,
subidas de impuestos y eliminación de derechos de los trabajadores,
ha insistido en su intención de avanzar en los ajustes que necesita
España, mantener intacta la reforma laboral que han aprobado y
desoír las reivindicaciones de sindicatos y trabajadores.
El día siguiente al paro general en España, Rajoy aprobará en
consejo de ministros un proyecto de presupuestos del Estado que será
“el más austero de la democracia”, según ha anunciado. Con una
reducción media del 15% en las partidas de todos los ministerios, la
difícil asignatura del cumplimiento del objetivo de déficit justo en
el comienzo de una larga recesión provocará más paro y pobreza en el
país, según todos los pronósticos.
La huelga sigue la senda marcada hace sólo año y medio como
consecuencia de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero que también planteaba mecanismos para
abaratar el despido y que fue contestada por los sindicatos con una
protesta general. Entonces, el Ejecutivo socialista tampoco
rectificó. En aquella ocasión, el PP atacó con dureza a los
sindicatos, rechazó las razones esgrimidas para la huelga y censuró
aquella iniciativa mucho más que lo hizo el Gobierno socialista.
A diferencia de lo ocurrido en septiembre de 2010, la protesta de
hoy cuenta con el apoyo de los socialistas, que entienden las
razones que esgrimen los sindicatos y ya han anunciado que
recurrirán la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional por
entender que vulnera varios artículos de la Norma Fundamental. Lo
hará si el Gobierno, como parece que es su intención, no rectifica
la normativa, como reclaman los sindicatos.
Aunque los socialistas no secundarán la huelga ni dejarán de
trabajar en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos
autónomos durante la jornada de protesta, las declaraciones de sus
dirigentes son de claro apoyo a la iniciativa.
Los populares consideraron insuficiente en 2010 la reforma
laboral que aprobó el PSOE y aunque entonces criticó el
abaratamiento del despido, ahora han profundizado en los ajustes de
esa normativa acogiendo los principales criterios de la patronal
CEOE y rechazando los planteamientos de los sindicatos. “Es la mayor
regresión de la democracia”, señalan los líderes de CCOO y UGT.
El Gobierno del PP entiende que la nueva reforma laboral
contribuirá a la creación de empleo. Los socialistas consideran que
causará más despidos.
Será la quinta convocatoria de este tipo de las ocho registradas
en democracia donde la protesta tiene que ver fundamentalmente con
recortes en materia de desempleo o con una reforma laboral.
En las cuatro ocasiones anteriores (1992, 1994, 2002 y 2010), la
protesta apenas hizo cambiar a los Gobiernos que aprobaron las
reformas. Sólo en uno de los casos, la reforma aprobada por el
Gobierno de José María Aznar en 2002, en pleno auge económico, fue
considerada inconstitucional por el Tribunal por “uso abusivo del
decreto Ley”.
La convocatoria de hoy, pese a la tensión desencadenada por una
reforma que los sindicatos consideran “la más lesiva para los
trabajadores en la historia de la democracia”, no parece abocada a
los incidentes callejeros.
En los centros de trabajo más sensibles en jornadas de este tipo,
como el transporte público, las administraciones públicas y los
sindicatos han pactado servicios mínimos que, al menos, garantizarán
una cierta paz durante la jornada, a diferencia de lo que ocurrió en
septiembre de 2010.
Entonces, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo,
impuso unos servicios mínimos al Metro de Madrid que los sindicatos
rechazaron, lo que motivó diversos incidentes de madrugada para
intentar bloquear un sistema de transporte esencial en la capital de
España.
