En la Comisión de Presidencia y Régimen Interior, el PP ha sacado
adelante una propuesta, apoyada por CiU y rechazada por PSC, ICV-EUiA
y UpB, que acuerda cambiar los artículos 39 y 40 de la ordenanza y
prohibir que se ofrezca,
solicite,
negocie o
acepte cualquier servicio
sexual retribuido en el espacio público.
El primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Joaquim
Forn, ha defendido el "claro compromiso" del consistorio para
erradicar esta práctica, y ha explicado que se priorizarán los
instrumentos para actuar con más
firmeza contra los clientes, por lo que
se encarecerán las sanciones
y se eliminará el aviso previo a quienes demandan servicios
sexuales. A cambio, potenciará el trabajo con la Agencia para el
Abordaje Integral de Trabajo Sexual (Abits), cuyo presupuesto se
incrementó un 67% en los últimos presupuestos.
Rechazo frontal
Sin embargo, la prohibición total ha sido
rechazada por los propios
Servicios de Prevención
municipales. Un informe firmado el 17 de octubre por su director,
Josep Maria Lahosa, asegura que el endurecimiento de la ley "no
aporta mejoras a la regulación actual ni en sus aspectos
normativos ni en las posibilidades de recuperación social de quien
ejerce la prostitución en la calle".
La oposición asegura que ello solo empujará a crear más
marginación entre las prostitutas, a
criminalizarlas y a que se
multipliquen los prostíbulos. El vicepresidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Lluís Rabell, ha
advertido por su parte al Ayuntamiento de que "con
medidas excluyentes sólo
puede hacer que debilitar y criminalizar" a las prostitutas.
El alcalde de la ciudad, Xavier Trias (CiU), ha manifestado por el
contrario que se actuará "más sobre
los clientes que sobre las mujeres" para acabar con "la
esclavitud del siglo XXI".
La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha
afirmado que velará por evitar que las prostitutas que ejercen en
las calles de la capital catalana "no sean víctimas de una
represión en relación a
las sanciones", a la par que ha defendido que "hay otros medios para
afrontar este fenómeno".
