"En principio, las comunidades autónomas están de acuerdo" y los
ayuntamientos desean analizar antes las consecuencias recaudatorias,
ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos, tras
reunirse la conferencia sectorial de medio ambiente.
Para ello, se revisará la disposición adicional octava de la ley de
calidad del aire (ley 34/2007), que regula el impuesto de
matriculación. "Este impuesto tiene una orientación medioambiental",
no recaudatoria, ha
añadido Ramos, en cuya opinión los efectos económicos no tienen por
qué variar "sustancialmente", aunque no existe una estimación
económica.
"Se trata -ha afirmado- de tener un instrumento fiscal más
potente para que los ayuntamientos puedan hacer que en sus calles
circulen coches con menos emisiones"
contaminantes.
Los vehículos que más emiten no son únicamente los de dióxido de
carbono sino también los de dióxido de nitrógeno y
partículas en suspensión (diésel),
tal y como recogía el Plan de Calidad del Aire, aprobado por el
anterior Gobierno socialista. Este Plan, que se elaboró "sin
consenso de las comunidades autónomas y sin la participación de los
ayuntamientos", también será objeto de revisión, ha añadido el alto
cargo.
Sequía
Aunque la sequía no
estaba en el orden del día de la conferencia sectorial, ha explicado
que un posible decreto de sequía tendría una vertiente para el
medio ambiente y para la agricultura. Desde la perspectiva
ambiental, los embalses se
encuentran al 62,5% de su capacidad, los acuíferos al 50% y
las previsiones es que el régimen pluviométrico "se normalice" en el
mes de abril.
Durante la conferencia sectorial, a la que han acudido consejeros de
Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia,
Madrid, más cuatro delegados de Extremadura, Cataluña, Castilla-La
Mancha y Murcia, también se ha abordado la anunciada modificación
del real decreto de especies
exóticas, a las que algunas CC AA habían puesto objeciones.
"El Estado va a resolver esta cuestión sin necesidad de acudir a los
tribunales y ya hay preparado un borrador que se circulará a las
comunidades", a las organizaciones ecologistas y a todas las partes
interesadas. Se trata de sustituir la parte "más polémica, que se
aprobó a espalda de las comunidades", según Ramos.
