Además de Rato, Olivas y Acebes, la lista de imputados incluye al
todavía consejero delegado de Bankia,
Francisco Verdú, al
exsecretario de Estado de Hacienda
Estanislao Rodríguez-Ponga, así como al presidente de la
patronal madrileña y vicepresidente primero de CEOE,
Arturo Fernández, entre
otros nombres conocidos.
Según han informado fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia
Nacional Fernando Andreu,
titular del Juzgado de Instrucción número 4, ha adoptado estas
decisiones después de que Anticorrupción se pronunciara a favor de
la querella presentada por UPyD por estafa y otros delitos contra
los consejos de Bankia y su matriz, BFA. Los 33 miembros de estos
dos órganos de gobierno están imputados por supuestos delitos de
falsificación de cuentas,
administración desleal, maquinación para alterar el precio de las
cosas, apropiación indebida y administración desleal en
relación a las prejubilaciones y blindajes de los consejeros, además
de la violación de los deberes de transparencia, fidelidad y
lealtad. No obstante, habrá que concretar en la instrucción qué
delitos se imputan a cada uno de ellos.
La Audiencia Nacional argumenta en un auto que es competente para
dirimir este proceso porque los delitos que se imputan "habrían
producido o podrían producir una grave
repercusión en la economía nacional",
así como "perjuicio a una generalidad de personas en territorio de
más de una Audiencia, al ser Bankia una entidad de suma relevancia
en España".
El juez recuerda que es el cuarto
banco más grande del país, con un volumen de negocio que
superaba los 485.000 millones de euros y un negocio crediticio de
más de 186.000 millones de euros a cierre de 2011, por lo que la
"quiebra" de la entidad "podría desestabilizar todo el sistema
financiero del país". "La magnitud del perjuicio generado se plasma
en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado la suma de
19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento
y recapitalización del grupo financiero", añade la Audiencia en su
escrito.
Y como esa cantidad se suma a los 4.465 millones que el grupo
recibió para su creación, el coste inicial para el erario público
por el saneamiento y capitalización de BFA-Bankia ascendería a la
suma de 23.465 millones, "sin duda,
un grave perjuicio a la economía nacional", añade el auto.
UPyD había solicitado en su querella como medida cautelar la
intervención judicial de Bankia y
BFA, que consistiría en sustituir a los actuales gestores
de las entidades por un administrador que sólo rendiría cue
ntas
ante los tribunales. Sobre esta petición de medidas cautelares, el
fiscal se mostró contrario a su concesión, mientras que el juez
argumenta que es necesaria una vista para decidir si finalmente se
adoptan para lo que ha citado a todas las partes el próximo 23 de
julio.
Reacciones
Las primeras reacciones no han tardado mucho en llegar. El
primero en pronunciarse ha sido el ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel García-Margallo,
quien ha lamentado la decisión de la Audiencia Nacional. Ha querido
decir "de todo corazón" que lamentaba "enormemente" la imputación
porque quiere "bien" a Rodrigo Rato.
La dirección del PSOE,
por su parte, se limitó a decir que respeta la decisión judicial,
sin entrar en más comentarios.
