Hasta 32 condiciones. El Memorándum de Entendimiento asociado al
rescate del sistema financiero español, al que ha tenido acceso EL
PAÍS, impone duras condiciones a los bancos que soliciten ayudas y
al conjunto del sector, incluido el Banco de España, que queda de
facto bajo la tutela del Banco Central Europeo (BCE).
Y finalmente recuerda las condiciones macroeconómicas: el
memorándum exige, negro sobre blanco, “poner en marcha las
recomendaciones” de la Comisión por el procedimiento de déficit
excesivo, además de “reformas estructurales”, si bien son las mismas
recomendaciones y reformas ya vigentes en dicho procedimiento y en
el llamado semestre europeo. De manera que la anunciada subida del
IVA por parte del Gobierno de Mariano Rajoy —incluida en las últimas
recomendaciones de la Comisión— es en realidad una exigencia de los
socios europeos.
Los socios europeos instan a poner en marcha una “transferencia
de poderes sancionadores y otorgar licencias [fichas bancarias]” del
Ministerio de Economía al Banco de España. Además, la Comisión
Europea, el BCE, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario
Internacional estarán muy encima del plan de rescate de la banca y
podrán acceder “bajo estrictas condiciones de confidencialidad” a
todos los datos del sistema bancario español que necesiten, tanto
agregados como entidad por entidad. Asimismo, podrán hacer
inspecciones in situ para examinar el cumplimiento de las
condiciones, una labor reservada habitualmente al banco central de
cada país y que da idea del grado de intervención en el sistema
financiero que va asociado al rescate.
El memorándum obliga a
“garantizar la independencia del Banco de España”, en un
nuevo ataque a la línea de flotación del supervisor español. El
Banco de España deberá poner en marcha un examen interno para
identificar las deficiencias más graves antes del final de octubre
de 2012, en especial en los cuerpos de inspectores encargados de
evaluar “las vulnerabilidades y el riesgo en el sistema financiero”.
Además, el memorándum obliga a aprobar legislación de protección del
consumidor para evitar episodios como el de la deuda subordinada y
las participaciones preferentes, y en general en los productos que
no están bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos.
El rescate obliga asimismo a
crear una institución fiscal independiente que supervise la
política fiscal española, en la línea de las citadas
recomendaciones. Y requiere introducir “esfuerzos de consolidación”
y un sistema fiscal “que apoye más el crecimiento” (es decir, gravar
menos las rentas del trabajo a cambio de una subida del IVA o de la
propiedad de viviendas o de activos), y “aplicar la reforma
laboral”.
En cuanto a las condiciones financieras, hay varias cosas
destacadas, muchas en línea con las recomendaciones del reciente
informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En especial, que la
UE impone una reforma de las cajas
con el fin de que dejen "eventualmente" de controlar bancos filiales
e impone incompatibilidades entre los consejos de administración de
las cajas y de sus bancos participados, que ahora comparten con
frecuencia consejeros.
Las condiciones exigen un ratio
de capital para toda la banca del 9% "al menos hasta 2014",
e impiden “en cualquier caso” que las instituciones de crédito
reduzcan su capital respecto al nivel que tendrán en diciembre de
2012 sin autorización previa del Banco de España. Además, exige
“límites a la venta por parte de las entidades de deuda
subordinada”, como las participaciones
preferentes, cuyos titulares serán
objeto de una quita para compartir los costes de la reestructuración
de la banca española. Las entidades no podrán ofrecer una prima de
más del 10% sobre el precio de mercado de las preferentes, lo que en
la práctica ocasionará grandes pérdidas.
Los planes de reestructuración de las entidades
prohíben pagar dividendos,
obligan a vender activos activos no estratégicos y prohíben el
crecimiento no orgánico. “Para los bancos no viables que necesiten
fondos públicos, las autoridades españolas tendrán que
activar planes de resolución
[es decir, de cierre]”. Siempre garantizando la estabilidad
financiera, en particular con la protección de los depósitos
bancarios, e impidiendo así un coste excesivo para el contribuyente.
En noviembre de 2012, el Gobierno deberá estar listo para
aclarar el papel que tiene en las
cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los
bancos. La idea es reducir la participación de las cajas en sus
bancos filiales por debajo del nivel de control.
La UE clasificará a las
entidades financieras españolas en cuatro grupos. En el
grupo 0 estarán las entidades sanas, las que no necesiten ayuda
(como Santander, BBVA y La Caixa, según los análisis preliminares de
los consultores). En el grupo 1 estarán las entidades nacionalizadas
(BFA/Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia). En el
grupo 2 estarán las entidades que suspendan las pruebas de
resistencia y no sean capaces de captar fondos por sí mismas. En el
grupo 3 estarán las que suspendan pero tengan planes de
recapitalización creíbles sin ayuda estatal.
Entidades, del 0 a 3 según su resistencia
Las entidades del grupo 0 deberán aportar sus activos tóxicos a
un banco malo que deberá estar
creado antes de fin de año. En octubre se establecerá qué
entidades pertenecen a los grupos 0, 1, 2 y 3, en función de las
pruebas de resistencia.
Los bancos de los grupos 1, 2 y 3 deberán presentar a principios
de octubre sus planes de
recapitalización con medidas internas, ventas de activos,
gestión de los pasivos o mediante la petición de ayuda pública. Las
autoridades españolas y la Comisión Europea analizarán esos planes.
Para los bancos nacionalizados
(grupo 1), los que necesitarán más capital, el Gobierno d
ebe
empezar a preparar ya este mes los planes de resolución o
reestructuración, de modo que estén listos para ser aprobados por la
Comisión Europea en noviembre. La transferencia de activos tóxicos a
un banco malo debe estar culminada a finales de año.
Para los bancos del grupo 2, los
aún no nacionalizados pero que necesiten ayudas públicas,
los planes de reestructuración deben presentarse en octubre como muy
tarde. El proceso de aprobación de dichos planes se extenderá hasta
finales de diciembre. En dichos planes figurará la segregación de
activos tóxicos en un banco malo.
Para los bancos del grupo 3, los que supuestamente puedan captar
dinero de fuentes privadas, habrá
una recapitalización preventiva con dinero público en forma
de obligaciones contingentes convertibles (cocos) si planean una
ampliación de capital significativa, de más del 2% de los activos
ponderados por riesgo. Los cocos podrán ser amortizados (mediante la
devolución de su importe) hasta junio de 2013 con el capital privado
que capte la entidad. Si no lo logra, serán convertidos en acciones
y, por tanto, dichas entidades quedarán nacionalizadas, al menos
parcialmente. Aquellos otros de este grupo que necesiten una
ampliación de capital menor al 2% de los activos ponderados por
riesgo, tendrán de plazo para hacerlo hasta el 30 de junio de 2013,
pero no serán objeto de esa recapitalización preventiva con cocos.