Crespo pagó ayer una parte de esta cantidad, a través de dos
transferencias nacionales de 35.000 y 15.000 euros y hoy ha abonado
el resto con una sola transferencia internacional con los 50.000
euros restantes, han señalado fuentes jurídicas.
Asimismo, las mismas fuentes han precisado que Crespo, al que se
la ha impuesto la obligación de comparecer los lunes y los viernes
en la Audiencia Nacional y la prohibición de abandonar el territorio
nacional, ya ha entregado su pasaporte.
El exsecretario de Organización del PP gallego ha abonado la
fianza después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional rebajara a la mitad la fianza de
200.000 euros que le había fijado el juez del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira.
Ruz adoptó esa decisión tras la petición del abogado de Crespo de
que fuera puesto en libertad porque ya lleva casi tres años en
prisión, y de que la Fiscalía Anticorrupción informara a favor de
rebajar la fianza impuesta por el anterior instructor de la causa.
El pasado noviembre el juez del TSJM Antonio Pedreira rebajó de
600.000 a 200.000 euros la fianza impuesta al exsecretario de
organización del PP gallego para poder salir de prisión, aunque se
opuso a ponerle en libertad sin fianza y
sometido a medidas de localización permanente, tal y como pidió su
defensa. A Crespo, al igual que al presunto cabecilla de la trama
Francisco Correa, se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de
capitales y falsedad documental.
Precisamente, el viernes pasado la sección cuarta de la sala de
lo penal de la Audiencia Nacional ordenó prisión eludible bajo
fianza de un millón de euros para Correa, que también se encuentra
en la cárcel desde hace casi tres años. El tribunal, presidido por
la magistrada Ángela Murillo, estimó parcialmente el recurso de
apelación de Correa que, en caso de que abone dicha cantidad, deberá
comparecer diariamente en comisaría, y no podrá abandonar España,
para lo que se le retiraría el pasaporte.
En su resolución, la sala asumía el riesgo de fuga que supone
poner en libertad bajo fianza a Correa, pero entendía que el posible
juicio se celebraría pasados cuatro años desde su ingreso en
prisión, por lo que no ve necesario agotar ese plazo para evitar
dicho riesgo.
