Lo que tan solo era una intención del Gobierno británico ya se ha
convertido en una propuesta de ley que entrará en vigor en abril de
2016. Los inmigrantes
extracomunitarios con un sueldo de al menos 35.000 libras
(42.000 euros) anuales podrán acceder a la residencia permanente en
el Reino Unido, según una nueva normativa anunciada este miércoles.
De esta manera, el Ejecutivo de David Cameron quiere reducir de
60.000 a 20.000 el número de inmigrantes y sus familias de
fuera de la Unión Europea (UE) que se establecen cada año de forma
permanente en este país tras cinco años de haber trabajado en él.
Con los cambios en la legislación, que entrarán en vigor en abril de
2016, los inmigrantes no comunitarios cuyo sueldo sea inferior a esa
cantidad tendrán que abandonar el
Reino Unido después de cinco años.
"En el futuro, ejerceremos más
control para asegurarnos de que solo se quedan los mejores
y más inteligentes", dijo este miércoles la ministra del Interior,
Theresa May, en una declaración escrita al Parlamento.
Residencia en función del mercado
El umbral de 35.000 libras se
podrá eludir en el caso de sectores económicos donde haya
"escasez de gente cualificada" y tampoco se aplicará a científicos y
estudiantes de doctorado, indicó.
También se restringirá la entrada de
trabajadores domésticos a
aquellos que viajen con sus jefes, como en el caso de diplomáticos o
empresarios que estén temporalmente en el Reino Unido, y estos no
podrán cambiar de empleo ni solicitar la residencia.
En cuanto a los estudiantes,
que conforman un gran porcentaje entre los inmigrantes, solo podrán
quedarse aquí tras licenciarse si consiguen un trabajo pagado
con un mínimo de 20.000 libras (23.800 euros) anuales.
Esta es la primera vez que el Reino Unido fija un
criterio económico para decidir
sobre el permiso de residencia, que hasta ahora se concedía
si los interesados, a menudo con familia e hijos, demostraban que
habían arraigado en el país.
El objetivo del Gobierno de coalición conservador-liberaldemócrata
es reducir la inmigración neta anual del nivel actual de unas
250.000 personas a menos de 100.000 para 2015, lo que ha
sido cuestionado desde sectores políticos y empresariales por el
efecto que puede tener en la economía.
