En su turno de última palabra el magistrado ha citado al filósofo
alemán Enmanuel Kant para afirmar que
"el tribunal del hombre es su
conciencia", y ha reiterado que actuó en
cumplimiento estricto de las normas
procesales en la investigación de los crímenes del franquismo.
"Mi conciencia está tranquila
porque tomé las decisiones que creía ajustadas a derecho,
investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de
desapariciones forzadas y detenciones ilegales (..) como única
defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que
no se produzca el olvido y
la falta de memoria", ha dicho Garzón.
El juez, para quien Manos Limpias ha pedido
20 años de inhabilitación
por un delito de prevaricación, ha recordado que todas las
decisiones que adoptó mientras mantuvo la competencia de la causa
fueron compartidas y asumidas por las partes, incluido el fiscal y
que durante esos dos años desde que se presentaron
las denuncias en 2006 tampoco se planteó ningún recurso.
Una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió
que los hechos no eran de su competencia, ha asegurado, todas
las actuaciones se paralizaron
y acordó inhibirse en favor de los juzgados territoriales que
por ubicación de las fosas o por las denuncias de los
querellantes podían tener la competencia.
"Se hizo en cumplimiento del mandato judicial
para dar protección a las víctimas",
ha añadido para concluir que se puede compartir o discrepar de su
criterio pero entiende que sus resoluciones
son defendibles de acuerdo a la jurisprudencia nacional e
internacional.
En ese último ámbito ha enmarcado la interpretación jurídica que
utilizó para investigar unos
"hechos criminales masivos que tienen carácter permanente",
ya que en muchos casos se desconoce
el paradero de las personas desaparecidas durante la Guerra
Civil y el franquismo.
Esto es lo que a juicio de Garzón sitúa los hechos denunciados
ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional en un contexto de crímenes
contra la humanidad, en el que la "obligación del juez es
dar protección a las víctimas
e investigar esos delitos".
Así, Garzón ha afirmado que actuó en el uso de
la independencia judicial y la libertad interpretación y
que tomó las decisiones que consideró más ajustadas a derecho,
guiado por la defensa y el
desamparo de las víctimas, que son las que deben guiar a
todo juez.
Comparación con los crímenes de Paracuellos
Por su parte, el sindicato Manos
Limpias ha acusado este miércoles al juez de abrir una
causa general para enjuiciar "un
movimiento, una época" al declararse competente para
investigar los crímenes del franquismo, y ha subrayado que
actuó con distinto criterio
cuando rechazó una querella por la
matanza de Paracuellos.
El abogado Joaquín Ruiz Infante
-que también ejerce la acusación en nombre de la asociación
Libertad e Identidad- ha
centrado su informe final ante el Tribunal Supremo en el hecho de
que Garzón archivara en 1998 "en solo 24 horas" la querella
presentada por las familias de las víctimas de Paracuellos y diez
años después abriera una causa "por
crímenes semejantes cometidos desde el otro lado".
"¿Se quiere sostener que los hechos ocurridos en Paracuellos
no son desapariciones forzosas
y sí los del bando contrario? ¿Que los enterrados en unas fosas
pueden acogerse al derecho internacional y los de las otras no?", ha
preguntado Ruiz Infante. El letrado ha rechazado, además, que las
desapariciones denunciadas puedan calificarse como
delitos de comisión permanente
diciendo que todas las víctimas han
muerto y ninguna sigue privada de libertad.
Para el abogado, no puede hablarse de
detenciones ilegales, sino
de delitos de asesinato
que habrían prescrito a los 20 años, y tampoco pueden aplicarse las
leyes sobre el genocidio,
que no fueron incorporadas al ordenamiento español hasta 1971.
Además, ha dicho que los crímenes denunciados obedecieron "a
designios políticos del bando
nacional", por lo que quedaron
incluidos en la Ley de Amnistía de 1977.
El representante de la acusación ha manifestado también que, con
el criterio aplicado por Garzón, "hoy podríamos abrir un
procedimiento por los fusilamientos
del 2 de mayo" mientras no se identifique a todos los
ejecutados y sus lugares de enterramiento o por cualquiera "de los
desmanes cometidos en la historia
de España".
Decisiones defendibles
Por su parte el abogado de Baltasar Garzón,
Gonzalo Martínez-Fresneda,
ha considerado que las decisiones del juez en la investigación de
los crímenes del franquismo son "tan
defendibles y razonables" como las contrarias y ha
replicado a la acusación de Manos Limpias que la matanza de
Paracuellos ya fue juzgada.
Martínez-Fresneda ha calificado de fraude procesal que Manos
Limpias haya modificado sus conclusiones para incluir
"como eje de toda su argumentación"
la querella presentada contra Santiago Carrillo por las familias de
las víctimas de Paracuellos, que Garzón archivó en 1998.
"Eso fue una causa general
y no esto", ha dicho tras destacar que, aunque desde el punto de
vista moral los hechos son igual de repugnantes,
no tienen parangón desde
el punto de vista jurídico
porque aquellas víctimas fueron identificadas y honradas,
recibieron una indemnización
y fueron reparadas en lo posible.
Las víctimas del franquismo, sin embargo, estaban en
situación "de total abandono", ha añadido, para recordar
que tras admitir a trámite las denuncias y antes de pronunciarse
sobre su competencia, Garzón trató de determinar el
número exacto de desaparecidos
y se encontró con que ni la Administración, ni los tribunales, ni
los Ayuntamientos, ni los cementerios tenían ese dato.
"Ello refuerza la imagen de que estamos hablando de un
problema global de
desaparecidos física y civilmente de los que no había quedado rastro
alguno", ha dicho Martínez-Fresneda, que ha señalado que, al
retirarle la competencia, la sala de lo penal de la Audiencia
Nacional "salvó expresamente" esas actuaciones, que permitieron
concluir que hubo entre 114.000 y
130.000 desaparecidos.
El abogado ha solicitado a la sala la absolución de Garzón,
reconociendo que llegados a este trance su única y modesta
pretensión es que el tribunal admita que las decisiones del juez son
tan defendibles y razonables como las contrarias y que las
aplicó pensando que eran las correctas, siendo su máxima
preocupación las víctimas del
franquismo.
