La exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós ha llegado
hoy al Juzgado de lo Social número 4 de Alicante diez minutos antes
del inicio de la vista oral sobre su despido en medio de una nube de
periodistas. Amorós fue despedida de forma fulminante tras la
intervención de la caja. La exdirectora ha sido recibida por
clientes de la antigua caja al grito de “ladrona, choriza y
corrupta”. Una de las clientas le ha reclamado directamente que
devuelva el dinero.
Amorós, que pide una indemnización de 10 millones de euros, fue
despedida por los administradores del Banco de España tras asumir el
control de la caja a finales de julio del año pasado por falsear
supuestamente la contabilidad de la entidad y adjudicarse una
pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de
gestión de entidad alicantina, entre otros motivos. Los
interventores del supervisor destituyeron de manera fulminante a la
ejecutiva el 22 de septiembre pasado sin derecho a indemnización.
La exdirectora acude a la vista oral con la intención de lograr
la nulidad del despido. Sus abogados alegan que durante su despido
los responsables de la decisión vulneraron sus derechos
fundamentales, entre ellos el honor, la propia imagen y su dignidad
profesional y personal. Subsidiariamente a la nulidad, reclama su
readmisión en lo que ahora es Banco CAM o una indemnización en
función de su salario.
Amorós reclama en su demanda de despido dos tipos de
indemnización: 10 millones de euros en concepto de lucro cesante,
por el tiempo que le restaría hasta la jubilación y otra cantidad,
no determinada, que duplica la indemnización que le correspondería
por su larga trayectoria laboral en la caja de ahorros alicantina,
que incluye al menos diez años en la dirección general adjunta y
nueve meses en la dirección general, por citar solo el último tramo
de esta vinculación.
La abogada de la empresa, ahora Banco CAM, ha rechazado en su
intervención todos los argumentos de la demandante para lograr la
nulidad del despido. Amorós alega que la carta de despido vulneraba
su derecho al honor, a la propia imagen y atentaba contra su
dignidad profesional y personal. La letrada de la CAM ha defendido
la legalidad de la carta de despido, tanto en el marco de la
legalidad vigente a nivel laboral como en el ámbito de los derechos
fundamentales recogidos en la Constitución
Amorós está encarando el tramo inicial de la vista oral con un
aspecto serio pero al mismo tiempo relajado y tomando notas de los
alegatos de las partes. En la sala, la exdirectora no está sola. Un
pequeño grupo de amigos se han acercado para arroparla en la vista
oral.
Amorós llegó al cargo tras la marcha del exdirector general de la
CAM, Roberto López, en diciembre de 2010. La ejecutiva había sido
hasta entonces la mano derecha de López durante los casi diez años
que esté ocupó el cargo. A su llegada al puerto, Amorós se elevó el
sueldo hasta los 590.000 euros anuales y además pactó con el
entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, la mencionada
pensión vitalicia.
Esta última decisión es una de las claves del expediente
disciplinario abierto por el Banco de España, y que afecta a 48
exdirectivos de la caja. El cálculo de la pensión de Amorós también
es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía
Anticorrupción para esclarecer si pudo incurrir en alguna ilegalidad
penal.
En sus conclusiones finales, el fiscal presente en el juicio,
Juan Carlos Carranza, ha asegurado que el despido de Amorós no
vulneró ninguno de los derechos fundamentales como alega la
exdirectora en su demanda y, por tanto, que no ve motivos para
declarar nula la decisión.
Por su parte, la abogada de la exdirectora general ha rechazado
todas las irregularidades que la dirección de Banco Base imputa a
Amorós en su carta de despido y recalca que sí se han vulnerado los
derechos fundamentales de su defendida, entre ellos el honor y a la
propia imagen al filtrarse al día siguiente del despido la carta a
los medios de comunicación. La abogada ha insistido en que Amorós no
tenía poder absoluto y que todas las decisiones se tomaron con el
visto bueno de los distintos órganos de la caja, así como que a su
juicio la caja ha intentado echar todo el peso de la organización en
la figura de la exdirectora general. La letrada también ha remarcado
que la mayoría de las imputaciones del Banco de España a Amorós o
bien corresponden a ejercicios en los que ella no ocupaba el cargo o
bien en los meses en los que la fusión fría había puesto la
dirección efectiva de la caja en manos del Banco Base (del que
también formaban parte Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura).
La abogada de la exdirectora ha atribuido las diferencias en la
contabilidad de la entidad bajo el mando de Amorós a la utilización
de distintos criterios contables a los que posteriormente decidió
aplicar la nueva gestión del Banco de España. Y respecto a la
pensión vitalicia, la abogada ha destacado que se ajustaba tanto a
los parámetros del sector como a los acuerdos adoptados por los
órganos de gestión de la caja desde 2007.
La abogada del Banco CAM, por el contrario, ha reiterado su
argumentación inicial y ha acusado a Amorós de falsear y ocultar
información tanto a los órganos de gobierno como a los supervisores.
En este sentido la letrada ha incidido en el incumplimiento de la
circular del Banco de España 4/ 2004, remitida a la exdirectora el
14 de diciembre
de 2010 (cuatro días después de tomar posesión oficialmente de su
nuevo cargo) para, mediante artificios contables, presentar balances
positivos de la entidad cuando en realidad se acumulaban pérdidas.
Para los representantes del banco, Amorós es trabajadora de alta
dirección desde hace diez años, cuando accedió a la dirección
general adjunta y ya fue postulada como sucesora natural de el
entonces director general, Roberto López Abad. Más aún, la letrada
ha insistido en que Amorós ha trabajado en la última década “codo
con codo” con López Abad y que, por tanto, es corresponsable de sus
decisiones. Y respecto a la pensión vitalicia, la abogada ha
mantenido que el método de cálculo utilizado por Amorós le
garantizaba un beneficio extra de 1,1 millones de euros. Esta
pensión vitalicia, que se adjudicó a espaldas de los órganos de
dirección y en connivencia con López Abad, ascendía a casi 370.000
euros.
