La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
ha adoptado esta resolución después de
examinar un informe
efectuado el año pasado por peritos del Banco de España, en el que
establecían esa cantidad
en concepto de responsabilidad civil, y de recibir las alegaciones
al mismo presentadas por los afectados de Gescartera.
La Audiencia Nacional ha establecido que la sociedad de valores
de Caja Madrid deberá consignar en
el plazo de ocho días desde la notificación del auto, que
tiene fecha de 9 de enero pasado,
15,9 millones de euros en concepto de principal y de
intereses de la responsabilidad civil.
La Audiencia Nacional ha validado el resultado de los peritos del
Banco de España Emilio Pérez del Val y Juan José Mata Uriarte, y
ha rechazado complementar su informe pericial, como
demandaban algunos perjudicados con el análisis de la "cuenta
omnibus", porque introduciría
elementos de incertidumbre contrarios a los dictados de la
sentencia del Tribunal Supremo en este caso.
Además, la Sala de Lo Penal ha rechazado la posibilidad del
Fiscal de incluir importes de
clientes que no hayan sido identificados todavía y ha
establecido que el importe sea repartido "en proporción al perjuicio
fijado en la sentencia" del Supremo, con lo que rechaza la petición
del Fondo de Garantía de Inversión (FOGAIN) de tener
un acceso privilegiado a
la indemnización.
El informe de los peritos, que
ha seguido criterios cronológicos y de flujos de la cuenta
de clientes de Gescartera en Caja Madrid Bolsa, acota el período
indemnizatorio que tiene que asumir esta entidad.
Así, establece que sólo tendrá que
asumir su responsabilidad entre el 10 de septiembre de
1999, fecha en la que Caja Madrid Bolsa firmó un contrato de
subcustodia de valores con Gescatera, a partir del que
actuó como depositaria, y
el día de la intervención de la entidad, el 14 de junio de 2001.
Además, el auto refrenda el proceder de los peritos
al calcular la indemnización según el saldo acreedor y otros
procedimientos, lo que rebaja los
87,99 millones de responsabilidad civil que había fijado
inicialmente el Juzgado Central de Instrucción número 3, que se
encargó de la investigación del caso.
El caso Gescartera surgió en el junio de 2001 cuando la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
intervino la agencia de valores
Gescartera Dinero y detectó un agujero patrimonial de unos
100 millones de euros.
Acabó con la carrera de los entonces secretario de Estado de
Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, y presidenta del organismo
supervisor, Pilar Valiente.
