Los narcos pasean enseñoreados
en zonas rurales, las pandillas se disputan los barrios
con explosivos y AK-47, los policías extorsionan y los sicarios
matan a plena luz del día: es Honduras, el país más mortífero
del mundo.
"Volvamos a vivir en paz", dice una valla gigante a
la entrada de San Pedro Sula, 240 km al norte de Tegucigalpa,
donde es más encarnizada la guerra del crimen organizado, que
enluta con 20 asesinatos por día a este país centroamericano de
8,2 millones de habitantes.
Una orgía de violencia ligada al narcotráfico colocó a
Honduras en 2010 al tope de la
tasa mundial de homicidios, cuando registró
82 por cada 100.000 habitantes
-11 veces más que la media mundial-, de acuerdo con la ONU.
La tasa volvió a subir, en 2011 a 86, según informes
oficiales hondureños, mientras San Pedro, con 174 homicidios por
cada 100.000, tiene el deshonroso mote de "capital mundial del
crimen".
Centroamérica, que
es con México la vía por donde
pasa el 90% de la cocaína que consume Estados Unidos,
es la zona más violenta del
mundo según la ONU. Con la ofensiva del gobierno
mexicano, los cárteles de la droga desplazaron en los últimos
seis años operaciones al istmo, y aliados con las pandillas
locales siembran el terror.
Hombres fuertemente armados custodian empresas, restaurantes
o pequeños comercios. Apenas anochece, barrios marginales de San
Pedro Sula, corazón industrial de Honduras, parecen pueblos
fantasmas.
En Lomas del Carmen -"Lomas del crimen", dicen algunos-, ni
un alma hay en las calles. Son zonas bajo virtual toque de
queda.
"Tenemos un policía por unos
2.000 habitantes, lo idóneo es por cada 300.
No hay recursos materiales ni humanos", dice el jefe
policial de San Pedro Sula, Edgar Flores Padilla, entre decenas
de agentes listos a salir en aparatoso patrullaje nocturno.
Raudos, sorprenden a pandilleros que se atrevieron a ir a un
bar y a un billar. Todo el que esté en la calle a esas horas es
sospechoso. "Son jóvenes sin remordimiento de matar a alguien
por robarle un celular", afirma el policía.
En otro punto de la ciudad se reúnen en terapia unas 80
víctimas de la violencia: "A mi hijo le metieron ocho balas por
robarle el carro. No sé quién lo mató. No investigan nada. Uno
corre peligro por decir esto. Los muertos quedan en una
estadística", dice Blanca Salazar.
Dedicadas al "narcomenudeo", al sicariato, a extorsionar
transportistas, empresarios y hasta a la vendedora de tortillas
de la esquina, las pandillas,
como la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara 18 (M18),
libran una sangrienta lucha territorial.
En la celda donde están 90 miembros de la M18 en la cárcel de
San Pedro Sula, 'Flash' explica a AFP: "Tenemos negocios
(droga), cuidamos gente también que anda en eso (narcos). Los MS
tienen sus territorios, nosotros los nuestros".
Está acusado de robo de autos, portación de arma de guerra y
atentado contra el Estado. Fue apresado tras enfrentar a la
policía con granadas, narra mientras indica donde tiene
esquirlas en su cuerpo tatuado.
Pandilleros, narcos y delincuentes comunes están armados
hasta los dientes. El 80% de
los crímenes en Honduras son con armas de fuego. De
tres millones que circulan en Centroamérica, unas 800.000 están
en este país.
Nadie confía en nadie ni se sabe de dónde viene el disparo.
Mirando a todos lados en el parque de San Pedro Sula, una mujer
relata, bajo anonimato, que la policía hizo desaparecer a su
esposo por su activismo social en una colonia dominada por las
maras.
"Unos policías le habían dicho que se callara, que lo tenían
en la punta de la bala. ¿En quién podemos confiar? He estado
recibiendo amenazas. Es terrible. Todo queda impune", dice
temblando.
La rectora universitaria Julieta Castellanos sufrió en carne
propia la corrupción policial. Su hijo murió bajo las balas de
varios agentes hace seis meses, lo que destapó el
involucramiento de cientos de policías en extorsiones,
narcotráfico y sicariato.
"Tenemos que sacar las manzanas podridas. Estamos trabajando
para ganar confianza en la población", admitió Flores Padilla.
La rectora, sin embargo, duda de una autodepuración policial:
"No se pueden investigar a sí mismos".
La situación es tal que el
obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, va de
cuartel en cuartel evangelizando policías. "Les hablo
de dignidad, de honor y de Dios", dice el prelado, que también
trabaja con las maras.
Fusil en mano, en camiones, retenes y hasta a bordo de buses,
más de 2.000 de los 11.000 militares hondureños patrullan con la
policía en la "Operación Relámpago", lanzada por el presidente
Porfirio Lobo.
"El Ejército no se debe salir de su competencia. No debe
convertirse en el nuevo mesías", dice Emiliani, tras recordar
violaciones de derechos humanos de los militares en los años 80.
En esta espiral de violencia, las cárceles están colapsadas.
Trece reos murieron en marzo en una reyerta en la sobrepoblada
cárcel de San Pedro Sula, 45 días después del incendio en el
penal de Comayagua que dejó 361 muertos, una de las peores
tragedias carcelarias del mundo.
"Algunos presidios son auténticas mazmorras medievales,
bombas de tiempo que han estallado varias veces, escuelas del
crimen. El 60% de los presos está sin juicio", ilustra el
obispo.
Manuel Lemus, ex pandillero de la MS, dice tras los barrotes
que "al salir quisiera ser una nueva persona". "Pero no tengo el
apoyo de nadie, no sé qué camino voy a tomar. Nadie nos da
trabajo, la necesidad nos hace cometer delitos", afirmó.
Honduras sufre una mezcla
explosiva que tiene como combustible la
pobreza -70% de la población-, corrupción, impunidad y
debilidad institucional, agravada tras el golpe de Estado de
2009.
"Estamos impotentes. Nuestro país se desmorona", resume Julia
Alvarado, a quien le mataron una hija de 19 años. Fuente
