Así consta en el informe de la comisión creada para abordar el
futuro del Valle de los Caídos copresidida por
Virgilio Zapatero y Pedro José
González-Trevijano, que han presentado junto al ministro de
la Presidencia, Ramón Jáuregui, las conclusiones del estudio. La
decisión, en cualquier caso, estaría supeditada a que el Gobierno
alcance un consenso parlamentario así como la autorización de la
Iglesia, al ser la autoridad competente en un lugar de culto.
Por otro lado, sobre José Antonio
Primo de Rivera, fundador de la Falange, el estudio
recomienda mantenerlo en el Valle al ser víctima durante la guerra,
pero sin ocupar un lugar destacado sobre el resto de fallecidos. "El
general Franco es la única persona que sin haber fallecido en la
guerra está enterrado en la Basílica", ha recordado uno de los
autores del informe.
La Comisión asegura ser consciente de "la
dificultad de revertir la situación de estos dos
enterramientos. Cualquier actuación del Gobierno dentro de la
Basílica exige una colaboración por parte de la Iglesia quien debe
dar la preceptiva autorización para cualquier cosa". En ese sentido,
insisten en que el lugar "estaba previsto para los restos de las
víctimas y la Guerra Civil".
A partir de ahí, las conclusiones recuerdan que
el resto del Valle sí es competencia del Estado por lo que
han recomendado llevar a cabo una labor de resignificación del lugar
en el que se rinda homenaje a las víctimas de los dos bandos con la
creación de un mural con el nombre de todos los caídos en la
contienda o un "centro de interpretación" entre otras medidas. Hasta
ahora "ha tenido una memoria de
parte", han dicho los miembros de la comisión.
Reacciones al informe
Poco después de que se hiciera público el informe de la comisión
de expertos, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos
ha definido el dictamen como un "capricho del Gobierno en funciones,
que trabaja para producir de nuevo
odio y enfrentamiento entre la población civil por temas ya
superados".
Según esta agrupación, el grupo de expertos
"carece de objetividad",
desde su origen y "máxime tras las recientes elecciones generales",
porque "no reúne las condiciones" y la "imparcialidad" que las leyes
y la Constitución exigen.
Por su parte, Ramón Jáuregui pide al líder del PP y próximo
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que
"no entierre en el cajón" el informe porque se trata de "un
acto de justicia que por lo menos se merecen los enterrados" allí,
33.847 personas víctimas de la Guerra Civil y la represión
posterior. Jáuregui ha dejado claro, en nombre de su partido, el
PSOE, y no como miembro del Gobierno, su deseo de que se cumpla todo
lo que contempla el informe.
