El ya ex portavoz del Gobierno y ahora candidato del PSOE en las
elecciones del próximo año, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha estrenado
como aspirante a presidente con un discurso más social que incluye
un plan de reforma fiscal,
para que "los que no han sufrido con la crisis nos ayuden a todos a
salir de esta". Un perfil nuevo, más izquierdista, que se topa, sin
embargo, con la evidencia de los 8
años de gobierno socialista.
No hace falta irse muy lejos para comprobarlo. El propio
Rubalcaba ha concretado esta nueva política fiscal en un ejemplo:
la recuperación del impuesto de
patrimonio. Lo llamativo es, sin embargo, que fue el propio
PSOE el que eliminó hace apenas tres años este tributo que recaudaba
entre 1.500 y 2.000 millones de euros cada ejercicio. Desde
entonces, Izquierda Unida le viene reclamando su recuperación.
La supresión de este impuesto fue una promesa electoral de
Zapatero ante los comicios de 2008 que aprobó junto a la deducción
de 400 euros en abril de ese año. El impuesto de patrimonio, de
competencia autonómica, ya era en
ese momento casi un tributo residual: prácticamente todas
las autonomías lo habían eliminado de hecho (por la vía de la
exención) en la guerra de impuestos
bajos que han practicado unas contra otras en los últimos
años.
Así, en 2007, apenas tres meses
antes de que Zapatero anunciara la eliminación general del
impuesto, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) había
anunciado su disposición a hacerlo también en su comunidad.
Rubalcaba también ha propuesto recientemente aplicar
nuevos tributos al sistema
financiero: sostiene que es el momento de pedir a las cajas
y los bancos que dejen parte de sus beneficios para crear empleo.
En época de bonanza, impuestos a la baja
La fiscalidad ha sido, tradicionalmente,
la brújula ideológica de la
política económica: la izquierda defiende que haya más
impuestos y se grave más a quien más tiene, mientras que la derecha
tiende a disminuir fiscalidad a costa de adelgazar los servicios
públicos.
O al menos así era antes de que Zapatero diera con aquella
fórmula: "Bajar impuestos es de izquierdas".
Aquellas palabras pronunciadas en el año 2000, con Zapatero
recién elegido como líder del PSOE, se comenzaron a hacer realidad
cuando asumió el Gobierno en 2004. Dos años después se aprobó la
reforma fiscal: se rebajó la presión impositiva sobre las empresas,
el impuesto de sociedades pasó del
35% al 30% de forma general y del 30% al 25% para las
empresas pequeñas; en el IRPF se redujeron los tramos (que pasaron
de cinco a cuatro) y se bajó la tributación de las rentas superiores
a 120.00 euros (pasaron de pagar el 45% al 43%).
En paralelo, otras medidas de
carácter social puestas en marcha en las dos legislaturas
de gobierno socialista se establecieron
sin ninguna distinción de ingresos, es decir iguales para
las rentas altas y las bajas: tal fue el caso de los famosos 400
euros que Zapatero prometió en la campaña electoral de 2008, el
cheque-bebé de 2.500 euros por nacimiento o la equiparación en el
IRPF de la deducción por hijo independientemente de la renta
familiar.
Ambas medidas comenzaron a aplicarse en julio de 2008. Durante
los años de bonanza el Gobierno mantuvo
su plan de reducción de impuestos,
ya que el crecimiento económico permitía aumentar los
servicios sin incurrir en más déficit público.
Pero llegó la crisis
Con las arcas vaciándose deprisa el Gobierno cambió de rumbo: en
enero de 2010 desapareció la deducción de 400 euros -salvo para las
rentas inferiores a 12.000 euros-. En esa misma fecha entró en vigor
también la nueva tributación de las rentas del ahorro:
las ganancias producidas por el
capital (desde los incrementos patrimoniales a los
depósitos bancarios, libretas de ahorro, seguros, dividendos,
etcétera) pasaron de tributar el 18% al 19% en las rentas inferiores
a los 6.000 euros, mientras que las que superan esa cifra están
gravadas con el 21%.
Con los presupuestos para el año 2010 -aunque la entrada en vigor
fue en julio de ese año- también llegaron las subidas de impuestos:
las de los impuestos indirectos
como el IVA, el gravamen del tabaco (suma tres incrementos
en cinco años) y el que se paga por el combustible. Además, en enero
de este mismo año se retiró el cheque-bebé.
Es en este punto cuando se empezó a aplicar la
subida de impuestos a las rentas
altas que, Rubalcaba dice ahora querer recuperar y que a la
ministra de Economía Elena Salgado nunca le gustó.
Así, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 crearon dos
nuevos tramos en el IRPF: las rentas
entre 120.000 y 175.000 euros tributarán al 44% (un punto
más que antes) y las que superan
los 175.000 estarán gravadas al 45%.
También se modificó, en otoño de 2010,
el régimen fiscal de las polémicas
Sicav (Sociedad de Inversión de Capital Variable), gravando
la reducción de capital, una vía por la que hasta ahora los
inversores de estas entidades
escapaban tributando sólo entre el 0,5% y el 1%. Ahora
tendrán que pagar entre el 19% y el 21% de esos beneficios.
Interrogantes de futuro
Ante este panorama, ¿qué se puede hacer en materia fiscal? Pues
lo cierto es que margen de
actuación aún hay.
Los últimos datos de la oficina estadística europea, Eurostat,
sitúan la presión fiscal en el conjunto de la UE
en 2009 en el 38,4%,
mientras que España se sitúa en la franja inferior a este respecto,
con una presión fiscal del 30,4%.
La diferencia aún es mayor cuando se pone el foco sobre los
países de la eurozona, donde esta presión fiscal roza el 40%.
En cualquier caso,
la
rebaja de la carga impositiva fue una tendencia general en
la UE -no solo en España- en 2009.
¿Cuál será la política tributaria del PP si
llega al Gobierno?
Las
ideas sobre economía publicadas en su web hacen referencia a "un
sistema tributario justo que permita establecer rebajas selectivas
de impuestos".
¿Qué clase de "rebajas selectivas"?, ¿rentas del trabajo o del
ahorro?, ¿impuestos directos o indirectos?, ¿sociedades o personas
físicas?
"En estos momentos está elaborándose el programa electoral en el
que se darán respuestas sobre estos temas"; es
la respuesta que en el gabinete de prensa del PP han dado a
20minutos.es para este reportaje.
Lo más concreto y reciente de su posición al respecto se puede
encontrar en las propuestas de resolución que el PP presentó (PDF)
en el último debate sobre el estado de la Nación:
un IVA superreducido (del 4%) para
el sector turístico e incentivos fiscales para los
emprendedores, que podrían desgravarse hasta 3.000 euros por su
primer empleado.
El PP también dice comprometerse al máximo en
la reducción del déficit público,
aunque las cuentas parecen más difíciles de cuadrar cuando se
empieza reduciendo la vía de los
ingresos.
La respuesta de los populares es que
bajar impuestos genera más
actividad y, por tanto, más recaudación. Al PSOE le
funcionó durante los años de bonanza. El problema es que la tormenta
económica aún no ha pasado.
Lo que grava cada impuesto
Directos/indirectos. Es la gran división entre
los impuestos: los directos, como el IRPF, el de patrimonio, etc.,
gravan los orígenes de la renta o su propia tenencia; los
indirectos, como el IVA o los especiales de tabaco y combustibles,
gravan el consumo. Apostar por los primeros se considera más
redistributivo, porque se paga en función de la riqueza, mientras
que en los segundos, todos pagan por igual. En los últimos años la
apuesta generalizada ha sido por aumentar impuestos indirectos y
reducir los directos por la vía de las exenciones.
Patrimonio. Obliga al ciudadano (es un impuesto
sobre las personas físicas) a pagar una cuantía por la posesión de
bienes o capital a partir de determinadas cuantías. A veces se lo
considera redundante, porque ese patrimonio ya tributa cuando se
obtiene: bien por ser producto de una inversión, por provenir del
propio trabajo o de una herencia. Es, sin embargo, el impuesto que
más se puede identificar con la riqueza. El Estado lo eliminó aunque
ya la mayoría de las autonomías, de quienes era competencia, lo
habían suprimido.
Sucesiones. Grava las herencias y es de ámbito
autonómico. Su diseño es considerado de los más defectuosos, porque
a veces resulta muy gravoso en sus tramos más bajos y otras veces,
cuando se produce entre familiares de primer grado, deja exentos a
casi todos, sea la herencia grande o pequeña. También ha sufrido en
los últimos años la competencia a la baja entre las comunidades
autónomas: comenzó en 2003 cuando Cantabria practicamente lo
suprimió ante la cercanía del régimen de exenciones de los vecinos
País Vasco y Navarra. Después, la reducción de este impuesto a un
"valor simbólico" cuando la sucesión es entre familiares directos se
han convertido en moneda común, tal y como explican varios estudios
académicos (como los publicados en la
Revista para el Análisis del Derecho o por
la Universidad Pontifica de Comillas).
Donaciones. Es el complemento del de sucesiones.
Obliga a pagar cuando se cede un capital o un bien de forma gratuita
(un padre reparte en vida el dinero entre sus hijos). También es
autonómico y en los últimos años se ha reducido notablemente.
Sociedades. Los beneficios de las personas
jurídicas (empresas, sociedades, fondos de inversiones,
asociaciones, etc.) residentes en España pagan impuestos: un 25%
para las empresas pequeñas y un 30% para las grandes tras la última
reforma. Hay también exenciones y particularidades, sobre todo para
las pymes más pequeñas.