El delirio comienza en 1999. El Gobierno libio encarcela a cinco enfermeras búlgaras y a un médico palestino acusados de haber inoculado deliberadamente el virus del VIH a 400 niños en un centro médico de Bengasi. El régimen de Gadafi defiende un supuesto complot de los servicios secretos de Estados Unidos e Israel para expandir la enfermedad entre las nuevas generaciones libias y la comunidad internacional intenta derribar la teoría de la conspiración.

Informes de prestigiosos expertos internacionales desmienten las acusaciones. E incluso el científico Luc Montagnier, descubridor del virus VIH, defiende que el origen de la infección se encuentra en las pésimas condiciones de salubridad del hospital y que la enfermedad ya se encontraba en el centro médico antes de la llegada de las enfermeras.

Libia no recula pese a que las pruebas científicas exculpan a los acusados. En mayo de 2004 la Justicia condena a los facultativos a morir fusilados. La defensa apela la sentencia. El Tribunal Supremo de Casación revoca las condenas tras admitir fallos en el procedimiento. Y otro tribunal libio ratifica la condena a muerte en diciembre de 2006.

La comunidad internacional intensifica entonces el boicot hacia Libia y amenaza al país norteafricano con ‘obstaculizar’ la cooperación bilateral si no revoca la sentencia. La entrada de Bulgaria en la Unión Europea el 1 de enero de 2007 incrementa la presión.

El entonces Subdirector General de Seguridad Común del Ministerio de Exteriores español y ex subdirector General de África del Norte, Carlos Fernández Arias, confirma este punto a diplomáticos estadounidenses y reconoce "la empatía y el apoyo moral a Bulgaria" por parte de Europa transformado en "solidaridad total" desde su entrada en la UE, según un cable enviado a Washington por el entonces embajador Eduardo Aguirre y fechado en enero de 2007.

Exito humanitario

El asedio europeo finaliza con éxito humanitario y ‘fracaso’ diplomático. El Alto Consejo de Justicia libio –máxima instancia judicial- conmuta en julio de 2007 la pena de muerte por  cadena perpetua. El fallo forma parte de una estrategia judicial que terminará con la extradición a Bulgaria de los seis acusados y la concesión del indulto por parte del presidente búlgaro. El Gobierno de Gadafi satisface así la demanda de la Unión Europea pero se niega a reconocer la inocencia de los acusados e insiste en la teoría de la conspiración. De hecho, exige a los sanitarios el pago de 850.000 euros de indemnización para cada familia afectada por los contagios antes de hacer efectiva la extradición.

Fernández Arias, actual Embajador Representante de España en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la Unión Europea, rebate en un telegrama la acusación libia. El representante español explica a diplomáticos estadounidenses que el incidente es un “evidente e incuestionable caso de corrupción”, según un telegrama enviado a Washington en enero de 2007.

Arias sostiene que funcionarios libios adquirieron sangre contaminada a una tarifa inferior al precio del mercado para embolsarse la diferencia. Y que, posteriormente, el Gobierno de Gadafi utilizó a las enfermeras búlgaras y al médico palestino como chivos expiatorios convencidos de que "nadie les defendería ni reclamaría su libertad".

Error de cálculo. La excarcelación de las enfermeras Kristiana Valtcheva, Nasia Nehnova, Valentina Siropulo, Valia Tcherveniachka y Senjana Dimitrova y del médico Achraf Yumaa se convirtió en condición ‘sine qua non’ para conservar de las relaciones bilaterales con la UE.

El médico palestino implicado en la trama también ha defendido la teoría de la corrupción desde que fue excarcelado. Achraf Yumaa, nacionalizado búlgaro mientras estaba en prisión para facilitar su liberación, defiende que su acusación fue "parte del circo diseñado para salvar a los responsables del Gobierno que provocaron la epidemia infantil". Y revela que firmó la confesión bajo atroces torturas físicas y amenazas psicológicas.

El propio hijo de Gadafi Seif el Islam admitió entonces haber torturado a los detenidos durante una entrevista concedida al canal árabe Al Jazeera. "Fueron expuestos a tortura con electricidad y amenazados con hacer daño a sus familias". Además, El Islam reconoció a la cadena qatarí que la investigación "no se desarrolló de manera profesional ni científica".

La entrevista fue emitida dos semanas después de la liberación de los profesionales sanitarios y tras la entrega  de 850.000 euros a cada familia de las víctimas en concepto de indemnización a través de un fondo internacional creado en 2005 para combatir el sida en Libia. Fuente

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