La deuda pública comienza a reflejar la cura de austeridad que
están aplicando las diferentes Administraciones. El endeudamiento
total (de Administración central, comunidades y ayuntamientos) se
frenó en el tercer trimestre del año por primera vez desde que
arrancó la crisis, según los datos que ha publicado esta mañana el
Banco de España. El peso respecto al producto interior bruto (PIB)
se sitúa en el 66%, el mismo nivel registrado en el mes de junio.
Las comunidades son las únicas Administraciones que, en conjunto,
aún se resisten a reflejar con contundencia su asfixia financiera,
aunque las cifras empiezan a moderarse. Estas administraciones
frenaron en el tercer trimestre del año el avance imparable que ha
mantenido el endeudamiento desde que arrancó la crisis, aunque lo
hicieron de manera poco visible. Pese a todos los recortes aplicados
y la sequía del crédito que afecta especialmente a los Gobiernos
regionales, la deuda aún creció una décima respecto a junio, hasta
el 12,6% del PIB.
Se trata del avance más leve que ha experimentado este indicador
desde 2008, cuando el retroceso económico comenzó a disparar el
endeudamiento autonómico. Aun así, el pasivo es hoy dos puntos
porcentuales superior al de hace un año. Además, el tercer trimestre
suele ser moderado respecto a la deuda contraída, aunque este año
esa moderación se ha acentuado. Lo más probable es que la tendencia
no se vea consolidada en el último trimestre del año, sino que la
deuda crecerá con algo más de fuerza cuando se conozcan los datos de
diciembre.
En términos absolutos, la deuda de las comunidades también
registra su menor avance desde el inicio de la crisis a finales de
2008 con un alza del 22% en tasa interanual hasta los 135.150
millones. Esta cifra, en cualquier caso, supone igualmente otro
récord desde que el
organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez empezó a
recoger estos datos en 1990. El alza intertrimestral se limitó al
1,4%.
Ilustrativo de este mínimo giro resulta el dato de la Comunidad
Valenciana, la más endeudada de toda España, con un 19,9% de su PIB.
Por primera vez desde la crisis, su porcentaje de deuda se atempera
(es dos décimas inferior al del segundo trimestre del año).
Sorprende, en cambio, el avance continuado de Cataluña, que ya le
pisa los talones como comunidad más endeudada (19,7%) al crecer
otras tres décimas este trimestre. Y ello a pesar de que esta
administración tiene vetada la llave del endeudamiento a largo plazo
por no haber presentado aún un plan de reequilibrio que satisfaga a
la Administración central. En cualquier caso, ambos territorios
presentan hoy un endeudamiento mayor que el de hace un año.
En el extremo opuesto figura Castilla-La Mancha, la tercera
comunidad que más dinero debe. La deuda escala casi un punto
porcentual en solo un trimestre, hasta representar el 18,3% del PIB,
muy por encima del 15,6% de hace un año. Ese salto vertiginoso en un
momento en que casi todas las comunidades obtienen cifras más
modestas concuerda con la estrategia que ha mantenido el Gobierno de
María Dolores de Cospedal en el sentido de reflejar los mayores
desequilibrios en las cuentas de este año, aún herederas de la
anterior administración socialista, para comenzar mejor el próximo.
En cambio, el esfuerzo de austeridad de Baleares en los últimos
meses se traduce en el nivel de deuda, que retrocede hasta el que
presentaba a principios de año (16,8% del PIB). También Canarias,
Extremadura y País Vasco rebajan sus niveles en septiembre; Castilla
y León y Galicia los mantienen iguales que en junio.
Más perceptible que en las comunidades resulta el estancamiento
de la deuda en los Ayuntamientos. El nivel de deuda sobre PIB se
sitúa en el 3,4%, una décima menos que hace un año. Desde enero de
este año, las corporaciones locales tienen prohibido el recurso al
crédito si su endeudamiento supera el 75% de sus ingresos
corrientes, una medida que se ha mostrado más eficaz que la adoptada
con las comunidades. En este apartado hay que tener en cuenta que
las comunidades financian el gasto más difícil de someter a la
tijera: la sanidad, la educación y muchos servicios sociales.
Entre las
dos principales ciudades españolas, sin embargo, hay disparidad.
Así, mientras Madrid, que arrastra un alto
pasivo pero que ha puesto en marcha un plan con objetivos ambicisoso
de recorte, logra reducir su deuda al 5,5% de su PIB, Barcelona
registra la evolución opuesta. La capital catalana pasó de 794
millones en el tercer trimestre del 2010 a 1.202 a final de ese año
para poder hacer frente así a los gastos en servicios sociales tras
un bajón en los ingresos, sobre todo por las transferencias del
Estado y la Generalitat.
También se reflejan las restricciones en la Administración
central, que frena la deuda al 50% del PIB, igual que en el
trimestre anterior. Si se tiene en cuenta solo el Estado (sin
algunas empresas públicas que consolidan en el perímetro de la
Administración central), la deuda incluso se reduce dos décimas,
hasta el 48,4% del PIB. En todo caso, y al igual que ocurre con las
comunidades, el nivel de endeudamiento supera el registrado hace un
año.
Ese comportamiento de los diferentes segmentos hace que, en su
conjunto, la deuda de las administraciones públicas eche el freno.
En términos absolutos ha crecido un 14,89% en un año a 706.340
millones, lo que equivale al 66% del PIB, porcentaje idéntico al de
junio. En volumen, el aumento trimestral ha sido del 0,5%. De esta
manera, la deuda pública española supera en 6 décimas, al igual que
el trimestre anterior, el límite establecido por el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que es del 60% del
PIB.