La broma podría salirle cara. El voluntario de la Jornada Mundial
de la Juventud de nacionalidad mexicana que amenazó en internet con
atentar contra la marcha laica celebrada ayer en Madrid ha sido
puesto en libertad por el juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu, pero el magistrado, le imputa un delito de amenazas contra
un colectivo social que está castigado en el Código Penal con hasta
tres años de cárcel. El imputado tendrá que comparecer a diario en
la comisaría más próxima a su domicilio y no podrá salir de España
mientras avanza la investigación.
José Pérez Bautista, estudiante de química en el CSIC apostilló
una noticia del diario digital La Voz Libre con comentarios
del tipo: “Esta es mi lucha. A matar maricones y cualquier
aberración antihumana durante sus manifestaciones en contra de la
Iglesia Católica”. “Soy trabajador de una importante industria
farmacéutica en Madrid y puedo hacerme de suficiente sustancias
peligrosas para boicotear las protestas antipapa (…) Que se vayan a
chingar a su madre todos los putos maricones de mierda, asquerosas
abominaciones, deshechos de vida, errores de Dios”.
En uno de sus mensajes, firmados con el pseudónimo Bagman69, el
voluntario remitía a los lectores a una página web que contiene
instrucciones sobre la confección artesanal de artefactos explosivos
a través de elementos de fácil acceso. También daba las gracias a
todos aquellos le habrían enviado correos electrónicos solicitando
adherirse a su “lucha”.
El juez considera que esas manifestaciones podrían constituir un
delito de amenazas “dirigidas a atemorizar a los habitantes de una
población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o
profesional o a cualquier otro grupo de personas y que tuvieran la
gravedad necesaria para conseguirlo·. Esa infracción se castiga,
según el Código Penal, con hasta tres años de cárcel.
El detenido dijo ante el juez que todos esos comentarios eran una
“broma”, y que los lanzó considerando que “así lograría frenar las
adhesiones a la manifestación y los comentarios favorables a la
misma”. El magistrado considera, sin embargo, que,
con esa intención, trataba de “coartar los derechos de manifestación
y expresión de los ciudadanos que pretendieran acudir a la
convocatoria”.
Para Andreu, la utilización de términos químicos en sus mensajes
“que denotan un conocimiento de lo que se está hablando” generaron
“una racional sensación de veracidad en la amenaza y su posible
cumplimiento”. “Nos encontramos ante unos términos que hay que
calificar de amenaza grave e idónea para atemorizar a todos aquellos
que tuvieran acceso a tales mensajes”. Los propios lectores de la
noticia fueron los que alertaron a la policía de lo que Pérez
Bautista estaba escribiendo.
El juez deja para más adelante la decisión de si esas amenazas
tenían o no finalidad terrorista. En caso de que no sea así no sería
la Audiencia Nacional sino los juzgados de Plaza de Castilla los
competentes para investigar el delito.
