Los maestros están llamados al paro
desde este lunes y el apoyo a la
huelga lo cifraron ya los sindicatos en el 30%, pero el
Gobierno lo rebajó al 5,6%.
En los transportes se espera una
fuerte incidencia en los
ferrocarriles, donde el paro comienza esta noche y donde la
empresa pública prevé una reducción de
tres de cada cinco trenes
de alta velocidad y la suspensión de la
mitad de los regionales.
Para los sindicatos la jornada del
martes será una prueba de la fuerza
que tienen para oponerse a un Ejecutivo que cuenta con la mayoría
suficiente para sacar adelante una reforma a la que no parece
dispuesto a renunciar.
"No seré un presidente más que me
vaya sin haber solucionado el
asunto" de las pensiones, aseguró el pasado viernes Sarkozy,
sabedor de que esta espinosa cuestión hizo recular en el pasado a
algunos de sus antecesores en el cargo.
Para obligar al Gobierno a
rectificar, los sindicatos necesitan hacer una prueba de fuerza que
muestre que una mayoría del país está en contra de los planes del
Gobierno.
La cifra de dos millones de
manifestantes es un referente, porque es el número que los
sindicatos aseguran que salieron a las calles el pasado 24 de junio
en la jornada de protesta contra la reforma de las pensiones, una
cifra que el Gobierno redujo a los
800.000.
Las centrales sindicales son
conscientes de que sólo un
gran éxito de la convocatoria
puede hacer al Ejecutivo cambiar sus planes en el trámite
parlamentario de la reforma.
Un debate en el que la jornada
del martes puede constituir un apoyo a la
oposición de izquierdas,
que cuenta con dar la batalla en un asunto que puede
debilitar al
Ejecutivo.
El ministro de Trabajo,
cuestionado
Sobre todo porque el encargado de
defenderla, el ministro de Trabajo,
Eric Woerth, aparece como un
eslabón débil del gabinete, implicado en el "caso
Bettencourt" sobre tráfico de
influencias en torno a la multimillonaria heredera del
imperio cosmético L'Oréal.
Woerth, un convencido "sarkozista",
cuenta por el momento con el apoyo
del presidente, pero su figura aparece cuestionada en un
momento en el que tendrá que dividirse entre la reforma más
importante del mandato de Sarkozy y su defensa de los ataques por su
papel jugado en ese caso.
Ante ese ambiente, antes incluso de
conocer la amplitud de la huelga general, el Ejecutivo ha dejado
entrever que está dispuesto a
suavizar un tanto su reforma, aunque no cuenta renunciar al
núcleo de la misma, que consiste en
aumentar los años de cotización retrasando la edad de
jubilación.
Situarla en 62 años y elevar a
67 la edad mínima para
cobrar el cien por cien de la pensión, frente a los 65
años, aparece como una ambición irrenunciable para Sarkozy.
Pero fuentes del Elíseo han dejado
abierta la puerta a la introducción de cláusulas particulares en
favor de las carreras largas,
de los trabajos de particular dureza o los que han cotizado en
diferentes regímenes.
Saber si esas concesiones calmarán a
los franceses dependerá en gran medida del éxito de la huelga.