En su valoración sobre los tres primeros meses de aplicación de
esta ley, las clínicas advierten de que "cada comunidad aplica en su
territorio su propia ley del aborto",
con diferencias tanto en la forma de pagar la intervención, cómo a
la hora de decidir qué abortos hacer y cuáles no, cómo proteger los
datos de la mujer o cuánto debe durar todo el proceso.
De hecho, para Navarra y La Rioja o zonas de Castilla y León,
como Soria, Salamanca y León, parece "como si la nueva ley no
existiera", pues derivan a otras comunidades a las
mujeres que quieren abortar.
En las tres zonas de Castilla y León mencionadas, según ACAI, se
manda a abortar a Madrid "a las mujeres de más de 14 semanas, es
decir, al 90% de los
casos".
Según las cifras facilitadas por 19 clínicas en 11 comunidades
autónomas -Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, Asturias,
Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y
León-, la Comunidad de Madrid es
"la que más trabas pone para impedir el cumplimiento de la
norma", una situación que contrasta con la de Andalucía, "la más
respetuosa con la ley".
Por aspectos legales, en protección de datos de la mujer fallan
sobre todo Madrid, Cataluña y La Rioja, siendo el catalán "el caso
más grave", ya que allí se obliga a la mujer a identificarse para
conseguir el reembolso de la prestación. Por contra,
destacan por "buen cumplimiento" de este punto Andalucía, Asturias,
Castilla-La Mancha y País Vasco.
Respecto a la información que se facilita a la mujer que va a
abortar, tachan de malos ejemplos a la Comunidad de Madrid, que
incluye en los sobres informativos a
unas 30 organizaciones detractoras del aborto, y Galicia,
donde se incluye información
de la denominada Red Madre. Tampoco Cataluña lo hace bien en este
sentido, ofreciendo sobre todo
"información poco útil".
Tiempos de espera de hasta 4 meses
En tiempo de espera para acceder a esta prestación, desde que la
mujer acude a los servicios de salud, resaltan los ejemplos
negativos de Cataluña y Madrid, con
entre 3 y 4 semanas de espera, incluso cuatro meses, en
algún caso de la Comunidad de Madrid, según García. Modélicas en
este sentido son Valencia, País Vasco o Murcia, con una semana para
poder abortar.
Sobre la gratuidad del servicio, ACAI se queja sobre todo de
Cataluña y Cantabria donde las mujeres deben pagar la intervención
para después recibir su reembolso; de Madrid, donde han
retrasos de 6 meses a un año en los
pagos.
Como ejemplo de buen hacer destaca otra vez Andalucía, donde el
modelo concertado de financiación es, según las clínicas, el más
acertado. En concreto, en Andalucía
el 90% de los abortos realizados en los tres meses tras la
entrada en vigor de la nueva norma fueron pagados pos la sanidad
pública y el 10% fue sufragado por la interesada.
Financiación mixta
En Madrid, el 60% se financió con fondos públicos y
el 40% fueron pagados por la usuaria; en Cataluña, la
sanidad pública pagó el 54% frente al 46% financiado por las
usuarias.
A juicio de ACAI, el problema es que el Gobierno aún no ha
desarrollado el reglamento que homologaría, entre otros aspectos,
prácticas como la información a adjuntar en los sobres informativos
o la forma de pagar estas
intervenciones. Así, pide al Ejecutivo "que se informe de
cómo se está aplicando esta ley" en España y que agilice la creación
de la denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que aclararía
muchos de estos aspectos.