Madrid y Cataluña son las más incumplidoras en la ley del aborto

En su valoración sobre los tres primeros meses de aplicación de esta ley, las clínicas advierten de que "cada comunidad aplica en su territorio su propia ley del aborto", con diferencias tanto en la forma de pagar la intervención, cómo a la hora de decidir qué abortos hacer y cuáles no, cómo proteger los datos de la mujer o cuánto debe durar todo el proceso.

De hecho, para Navarra y La Rioja o zonas de Castilla y León, como Soria, Salamanca y León, parece "como si la nueva ley no existiera", pues derivan a otras comunidades a las mujeres que quieren abortar. En las tres zonas de Castilla y León mencionadas, según ACAI, se manda a abortar a Madrid "a las mujeres de más de 14 semanas, es decir, al 90% de los casos".

Según las cifras facilitadas por 19 clínicas en 11 comunidades autónomas -Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León-, la Comunidad de Madrid es "la que más trabas pone para impedir el cumplimiento de la norma", una situación que contrasta con la de Andalucía, "la más respetuosa con la ley".

Por aspectos legales, en protección de datos de la mujer fallan sobre todo Madrid, Cataluña y La Rioja, siendo el catalán "el caso más grave", ya que allí se obliga a la mujer a identificarse para conseguir el reembolso de la prestación. Por contra, destacan por "buen cumplimiento" de este punto Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y País Vasco.

Respecto a la información que se facilita a la mujer que va a abortar, tachan de malos ejemplos a la Comunidad de Madrid, que incluye en los sobres informativos a unas 30 organizaciones detractoras del aborto, y Galicia, donde se incluye información de la denominada Red Madre. Tampoco Cataluña lo hace bien en este sentido, ofreciendo sobre todo "información poco útil".

Tiempos de espera de hasta 4 meses

En tiempo de espera para acceder a esta prestación, desde que la mujer acude a los servicios de salud, resaltan los ejemplos negativos de Cataluña y Madrid, con entre 3 y 4 semanas de espera, incluso cuatro meses, en algún caso de la Comunidad de Madrid, según García. Modélicas en este sentido son Valencia, País Vasco o Murcia, con una semana para poder abortar.

Sobre la gratuidad del servicio, ACAI se queja sobre todo de Cataluña y Cantabria donde las mujeres deben pagar la intervención para después recibir su reembolso; de Madrid, donde han retrasos de 6 meses a un año en los pagos.

Como ejemplo de buen hacer destaca otra vez Andalucía, donde el modelo concertado de financiación es, según las clínicas, el más acertado. En concreto, en Andalucía el 90% de los abortos realizados en los tres meses tras la entrada en vigor de la nueva norma fueron pagados pos la sanidad pública y el 10% fue sufragado por la interesada.

Financiación mixta

En Madrid, el 60% se financió con fondos públicos y el 40% fueron pagados por la usuaria; en Cataluña, la sanidad pública pagó el 54% frente al 46% financiado por las usuarias.

A juicio de ACAI, el problema es que el Gobierno aún no ha desarrollado el reglamento que homologaría, entre otros aspectos, prácticas como la información a adjuntar en los sobres informativos o la forma de pagar estas intervenciones. Así, pide al Ejecutivo "que se informe de cómo se está aplicando esta ley" en España y que agilice la creación de la denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que aclararía muchos de estos aspectos.