Estos
17 presos forman parte de los 52
que el Gobierno cubano se ha comprometido a liberar de aquí
a cuatro meses como máximo. Todos ellos forman parte del Grupo de
los 75 detenidos en la ola de
represión de 2003, en respuesta al auge que estaban
teniendo los grupos opositores con iniciativas como el
Proyecto Varela, que
promueve un referéndum en la isla
para pedir reformas democráticas.
El Gobierno español ha
confirmado que los presos que viajarán a España vendrán con un
estatuto cubano de emigrantes,
por lo que no
serán asilados políticos y recibirán permisos de residencia y
trabajo.
El hecho de que
Cuba les aplique el
estatuto de emigrante abre la posibilidad de que
puedan regresar en un futuro a la
isla, aunque para ello tendrán que pedir autorización a las
autoridades cubanas. El asilo político impide en cambio a quien lo
obtiene regresar a su país de origen.
Para el Gobierno español,
este hecho supone una "novedad"
que ha de ponerse en valor con respecto a las liberaciones
anteriores de presos políticos a las que ha procedido el régimen,
que han tenido lugar en condiciones menos ventajosas, como los
cuatro liberados en 2008 que viajaron a España y acabaron
acogiéndose al cabo de un año al asilo político.
El
Ejecutivo cubano se ha comprometido en esta ocasión a no expropiar
los bienes de los disidentes que viajen a España. Además,
les podrán acompañar sus familiares, quienes podrán entrar y salir
libremente de la isla.
Una vez en territorio español, los ex
presos recibirán ayuda de la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) para poder comenzar una nueva vida en
nuestro país.
