En este sentido, afirmó que la
iniciativa es "buena" y "ayudaría bastante a sensibilizar a la
población, inquietada por las polvaredas que han levantado incluso
representantes políticos de la derecha". Por lo tanto, manifestó la
intención de consensuar con el resto de asociaciones para
"hacer fuerza" y que se destaque "la importancia de la inmigración".
"Son 5 millones de personas inmigrantes en España, imagina lo que
supondría en la agricultura o en las fábricas", añadió.
Sin embargo, lamentó que este
tipo de huelgas no suelen ser apoyadas por todos los inmigrantes, ya
que "los que consiguen papeles
se desentienden de
esta situación quizás por miedo a perder sus empleos".
La iniciativa surgió en Francia
cuando una periodista de origen marroquí,
Nadia Lamarkbi abrió
un grupo en Facebook titulado '24 horas sin nosotros',
que en poco tiempo alcanzó las 54.000 adhesiones. La convocatoria
coincidió en el tiempo con la expulsión de cerca de 2.500 braceros
africanos de la localidad calabresa de
Rosarno, en Italia, lo que provocó que varias asociaciones del
país apoyasen la propuesta.
Movilización en Francia e Italia
Por otro lado, Jiménez criticó que
"Berlusconi y Sarkozy hayan abonado
un terreno peligroso con sus políticas excluyentes" y
reclamó que "desde la sociedad civil se frene esta ola de
discriminación racial y se entienda que la inmigración es una
oportunidad de desarrollo cultural, social y económico".
Asimismo, indicó que "todos saben de
donde nace esto: en Italia nace de la mafia, en Francia de la
extrema derecha y aquí ya hay un señor que ha salido por Vic" y, en
este sentido, dijo que "es importante que todos los sectores
sociales y las organizaciones de
inmigrantes se involucren para darle voz a esta iniciativa
porque es la única manera de ver la fuerza que tiene el movimiento
migratorio en los países desarrollados".
Casos españoles: Vic y Torrejón de Ardoz
La localidad barcelonesa de Vic fue
el primer municipio en hacer saltar la polémica al apoyar una
normativa que impedía el
empadronamiento de inmigrantes en situación irregular. En
esta ocasión, los grupos del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC)
mostraron su conformidad, al igual que la ultraderechista
Plataforma per Catalunya. No obstante, tras las quejas de
asociaciones y sindicatos, Josep Maria Vila d'Abadal, el alcalde de
Vic, decidió pedir un informe externo que analizara la legalidad de
esta iniciativa y posponer el debate hasta el 4 de febrero.
El caso de la localidad madrileña de
Torrejón de Ardoz es muy similar: el ayuntamiento se negaba a
inscribir en el padrón municipal a
aquellos extranjeros con visado de turista. Además, para
luchar contra los conocidos como 'pisos patera', imponían el
requisito de que la vivienda en la que se fueran a inscribir debía
tener un mínimo de 20 m2 por persona.
Sin embargo, ambos municipios han
tenido que dar marcha atrás tras una orden dictada desde la Abogacía
del Estado en la que se afirma que los ayuntamientos deben inscribir
en el padrón municipal a todos los inmigrantes
"con independencia de que los
mismos tengan o no residencia legal en territorio español".
Además, este documento coincide con otro presentado por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
en el que se asegura que si los consistorios no llevan a cabo el
empadronamiento, el Estado, a través del Instituto Nacional de
Estadística (INE), podrá hacerlo.