El Congreso pide
limitar los desahucios por hipotecas
El Congreso aprobó este martes una moción por la que se
insta al Gobierno a estudiar las modificaciones normativas
necesarias de la regulación hipotecaria para limitar los
desahucios causados por el impago de las hipotecas. la
cámara baja también ha convalidado el paquete de medidas anticrisis
decretado por el Ejecutivo.
La moción, pactada por CiU y el PSOE, pide también al Ejecutivo
que evalúe el incrementar las
cuantías que no se pueden embargar de salario, suelo,
pensión, retribución o su equivalente para responder a la deuda
pendiente de una hipoteca ejecutada.
También se solicita al Gobierno que considere cambiar la ley para
que la ejecución de una hipoteca
pueda ser paralizada cuando el deudor sea una persona
física que esté inmersa en un procedimiento concursal (antigua
suspensión de pagos), tal y como ya está contemplado en el caso de
las empresas.
Solo sobre bienes hipotecados
Asimismo, reclama medidas para que se fomente la inclusión
pactada en las escrituras de constitución de hipotecas el que la
obligación garantizada de pago se haga
solamente efectiva sobre los bienes
hipotecados y no sobre otro patrimonio del deudor.
Además defiende que se fomente la mediación entre las familias y las
entidades financieras para la solución de impagos de hipotecas, y
que se posibilite, en caso de que se pierda la propiedad,
la permanencia en la vivienda en
alquiler.
Medidas anticrisis
Por otra parte, el Congreso también convalidó con
los votos a favor del PSOE y de sus socios parlamentarios PNV y CC
el decreto ley con las últimas
medidas económicas del Gobierno, que no se tramitará como
proyecto de ley como pidieron algunos grupos parlamentarios.
El decreto ley fue convalidado con
177 votos favorables, 159 abstenciones y 9 votos en contra
de BNG y ERC-IU-ICV.
Los votos del PSOE, PNV y CC impidieron también que el decreto se
tramitase como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, a
pesar de los votos a favor de todos los demás grupos.
La nueva norma incluye rebajas fiscales para las pymes, una subida
del impuesto del tabaco, medidas liberalizadoras de la actividad
económica y otras orientadas al empleo. El decreto también contiene
la privatización parcial de la
gestión aeroportuaria y de la lotería, pero sin que el
Estado pierda el control de ninguna de ellas.
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