El presidente ha terminado recordando
que el Gobierno está utilizando "todas las
vías legales, diplomáticas y de
inteligencia" para acabar con el secuestro, por lo que
volvió a pedir apoyo e hizo un llamamiento para "evitar
especulaciones".
Sus declaraciones se producen poco
después de que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, haya
explicado que se está estudiando por la vía diplomática la
posibilidad de extraditar a los
piratas del Alakrana que se encuentran detenidos
en España bien para que sean
juzgados en Somalia, o bien para que cumplan
su condena en ese país una vez juzgados por la Audiencia
Nacional.
Caamaño ha recordado que
no existe convenio de extradición
con Somalia y que se estudia el modo de
encajar jurídicamente una
hipotética entrega de los piratas, condición de los secuestradores
del Alakrana para la
liberación de la tripulación.
Lo que sí está claro, subrayó, es que
los detenidos deben ser juzgados
y que el hipotético convenio debe cumplir con
todos los requisitos del Estado de derecho, con lo que si
los piratas son enviados a Somalia los jueces españoles deberían
estar en condiciones de supervisar
el juicio que se celebre en ese país.
Compaginar la protección
de las víctimas y la persecución del delito
Por su parte, el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón mostró hoy su apoyo a los marineros del
Alakrana y a sus familias ante una
"grave" situación para la que, en su opinión,
existen medidas legales
que permitan llegar a una solución que compatibilice los principios
de la protección de los secuestrados con la persecución del delito.
El magistrado consideró que tanto el
Gobierno como la Administración de Justicia han
actuado "correctamente" y
"han hecho lo que debían", al tiempo que pidió responsabilidad a las
partes que intervienen en este asunto, puesto que, a su juicio,
existen medidas legales
para encontrar una vía de solución.
En este sentido, destacó que se trata
de una situación muy delicada
en la que caben distintas alternativas que no quiso entrar
a valorar, si bien hizo hincapié en que "de ninguna forma" puede
pasar por "tomar una decisión que sea
ceder a una presión". "No puede hacerse. Es ilegal",
apostilló.