No apelan el cierre del edificio que alberga a 178 personas

No apelan el cierre del edificio que alberga a 178 personas

El Gobierno Ignora la Situación de Inmigrantes en Pozuelo: Urge una Solución

La situación de decenas de inmigrantes alojados en Pozuelo de Alarcón se vuelve crítica, con un cierre inminente del centro que los alberga y sin noticias del Gobierno.

El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, enfrenta críticas por su falta de acción con respecto a los inmigrantes que actualmente residen en un antiguo centro de formación de Pozuelo de Alarcón, Madrid. A pesar de las demandas del Ayuntamiento local, el Ejecutivo no ha presentado el recurso correspondiente ante el cierre programado del edificio, que fue ordenado por el consistorio el pasado septiembre.

Clausura Ordenada sin Respuesta del Gobierno

El Ayuntamiento de Pozuelo, encabezado por la alcaldesa Paloma Tejero, alertó que el centro carece de la licencia adecuada para seguir funcionando como área de recepción. En este contexto, se estableció un plazo para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apelara la clausura y solicitará medidas cautelares, un trámite que ha caducado sin respuesta por parte del Gobierno.

Inmigrantes en Situación Crítica

Actualmente, 178 personas permanecen en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo. Esta cifra incluye un número significativo de refugiados ucranianos y migrantes de diversas nacionalidades africanas. La alcaldesa enfatizó en una carta reciente que queda menos de un mes para que expiren las moratorias para su evacuación, instando a la administración central a clarificar sus medidas futuras.

Implicaciones Legales del Cierre

Si el ministerio no presenta algún recurso antes del 17 de enero, la legislación permite al Ayuntamiento emitir un nuevo requerimiento que le otorgaría un plazo adicional, extendiendo la situación hasta el 15 de abril de 2026. Además, Paloma Tejero no descartó llevar el asunto a los tribunales o iniciar un expediente sancionador, con multas que podrían alcanzar hasta 3 millones de euros.

El tiempo apremia y la falta de acción por parte del Gobierno deja a los inmigrantes en una situación de incertidumbre, a la espera de una respuesta que parece no llegar.

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