La Junta de Andalucía Exige una Revisión Urgente de la Jurisdicción de Violencia de Género en Córdoba
La Consejería de Justicia de Andalucía ha lanzado un llamado al Ministerio de Justicia para que reevalúe la organización de la Jurisdicción de Violencia de Género en la provincia de Córdoba, señalando inconsistencias en el modelo actual.
En una reciente comparecencia en el Parlamento, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, subrayó la necesidad de establecer una sección especializada en Lucena. Este paso se considera vital para atender adecuadamente los casos de violencia de género en la región, ya que el actual sistema no responde adecuadamente a las necesidades locales.
Necesidad de Especialización en la Justicia
Nieto enfatizó que la creación de una sección especializada en Lucena es fundamental. La Junta ha instado al Ministerio a reconsiderar su decreto, que solo contempla la creación de 95 plazas para jueces en Andalucía, cifra muy por debajo de las 216 que el Gobierno autonómico y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideran necesarias.
El consejero también destacó que los propios magistrados han puesto en duda el actual reparto de casos en Córdoba, sugeriendo que demuestra un incompleto conocimiento de la provincia y de sus realidades.
Propuesta de Reestructuración de Casos
Actualmente, la Sección de Violencia de Género de Córdoba maneja los asuntos de Lucena y otros municipios cercanos. La propuesta es que Lucena cuente con su propia unidad que se encargue de los casos provenientes de su área, así como de localidades como Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil, Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera. Mientras tanto, la capital asumiría los casos de violencia de género de Córdoba, Pozoblanco, Montoro, Posadas y Peñarroya.
Este nuevo enfoque busca acercar el servicio de justicia a la ciudadanía, mejorar la especialización de los jueces y ofrecer respuestas más eficaces y rápidas en un contexto tan sensible como lo es la violencia de género.
Desafíos en la Jurisdicción
Nieto también advirtió sobre el aumento de la carga de trabajo para los jueces debido a la reciente inclusión de delitos de violencia sexual en esta jurisdicción, una medida que responde a la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025. Esta ampliación de competencias ha generado preocupaciones entre los jueces sobre la viabilidad del modelo actual.
La Junta ha realizado esfuerzos significativos para cumplir con estas exigencias, adecuando la infraestructura judicial y mejorando la plantilla de personal. Se han creado más de cien plazas para funcionarios especializados en violencia de género, y la inversión destinada a adaptar los sistemas y las sedes supera los 56 millones de euros.
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