Desde el año 2022, el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, este martes se dio luz verde al Plan Anual Normativo, que contempla un total de 179 normas para el año 2026.

Propuestas Ambiciosas, Realidad Complicada

El plan incluye la intención de aprobar 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos, de los cuales un 30% está destinado a adecuar la legislación nacional a la normativa europea.

Desafíos Legislativos y Políticos

A pesar de la esperanza del Gobierno, el último informe sobre el Plan Anual Normativo de 2025 indica que solo se ha concretado un 36% de las leyes previstas, mientras un 46% permanece paralizado en el Congreso. La situación se ha vuelto más complicada para el PSOE, que enfrenta dificultades para alcanzar acuerdos con Junts y ha notado un distanciamiento del PNV.

Los socios del Gobierno parecen alejarse, fomentando un clima de incertidumbre a medida que se aproxima el año electoral. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha comenzado a hablar de la posibilidad de gobernar sin el respaldo del Parlamento, impulsando iniciativas que no requieran la aprobación legislativa.

Presupuestos en la Mira: Compromisos Incumplidos

Entre las leyes que el Gobierno afirma buscar avanzar se encuentra la de Presupuestos, a pesar de haber incumplido hasta la fecha su obligación constitucional. Aún no se han iniciado los trámites necesarios, lo que sugiere que la presentación anticipada se hace inviable, incluso barajando la posibilidad de esperar hasta septiembre para los presupuestos de 2027.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó que la incertidumbre generada por el conflicto en Irán pospone aún más la elaboración de un presupuesto realista. Dado que la situación se percibe como duradera, la probabilidad de un presupuesto antes del verano se diluye.

Complicaciones en el Congreso

La falta de propuestas concretas proviene de la complicada situación que enfrenta el Ejecutivo, con una mayoría parlamentaria conservadora que obstaculiza la aprobación. La legislación se encuentra estancada debido a la falta de consenso, sumergiendo diversas iniciativas en un limbo legislativo.

Normas relacionadas con la Justicia, como la reforma del acceso a la carrera fiscal y los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ven afectadas por este estancamiento. También se encuentran varadas propuestas legítimas acordadas por partidos de izquierda, como la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual ha estado congelada durante varias legislaturas.

Normativas que Se Arrastran

El Ejecutivo argumenta haber cumplido con el 82% del Plan Normativo de 2025, considerando el proceso previo a la presentación en el Parlamento. Sin embargo, muchos de estos proyectos arrastran años sin ser aprobados.

Entre ellos se incluye la reforma del sistema de financiación autonómica, que aunque podría presentarse como un proyecto de ley y contabilizarse como un logro, enfrenta serias dudas sobre su validación en el Congreso.

Las afirmaciones del Gobierno contrastan con la realidad legislativa, donde la mayoría de las iniciativas prometidas se encuentran paralizadas y son empujadas hacia el futuro.

A pesar de las dificultades, el ministro Bolaños destacó que se han aprobado 62 leyes en esta legislatura, un número significativo en comparación con otros parlamentos, aunque la percepción es que la falta de apoyo limita el avance del Ejecutivo.