Las inquietudes sobre la gestión del hospital han crecido desde que se conoció la instrucción de Pablo Gallart a sus mandos, sugiriendo que deben enfocarse en los procesos que más beneficien al EBITDA. Esta grabación ha causado un intenso debate, especialmente tras el rescate de 33 millones de euros aprobado por la Comunidad de Madrid a favor de la entidad.

La demanda de Más Madrid

Manuela Bergerot, portavoz del partido, afirmó que la denuncia surge para poner de relieve los abusos cometidos por Ribera Salud, afirmando que la administración pública no debería asumir los problemas financieros de empresas concesionarias. En su opinión, las acciones de la compañía pueden haber llevado a la discriminación de pacientes en función de su rentabilidad.

Los implicados y la respuesta gubernamental

Más Madrid responsabiliza al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por no haber garantizado un servicio adecuado en el hospital, vinculando esta omisión con el deterioro de la atención sanitaria en la región. Al respecto, el gobierno regional ha defendido su gestión y enviado equipos de auditores que no encontraron fallos en la operación del centro.

Un modelo bajo la lupa

Ribera Salud, que opera también otros hospitales, se ha visto envuelta en controversias por su enfoque en la rentabilidad. Según reportes, los hospitales privados, como el de Torrejón, cobran a otros centros por atender a sus pacientes, lo que crea un ciclo de entrada de fondos que podría comprometer la calidad del servicio.

Las acusaciones de delitos

La denuncia incluye sospechas de malversación, prevaricación administrativa y omisión en la persecución de delitos. Además, se sugiere que ha podido haber un acto de discriminación en el acceso a tratamientos médicos, lo que afecta directamente a los derechos fundamentales de los pacientes.

Investigaciones necesarias

Más Madrid ha solicitado que se tomen declaraciones a los directivos de Ribera Salud y a aquellos que han expresado preocupación sobre la gestión. Asimismo, exigen que se revisen todas las decisiones administrativas relacionadas con el hospital para asegurar que se cumplen los derechos de los pacientes.

La polémica continúa, y hay un clamor creciente por la transparencia en la gestión de la salud pública en Madrid.