La Generalitat Valenciana rechaza las imposiciones del Gobierno sobre la acogida de menores migrantes
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha manifestado su firme postura contra las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la acogida de menores migrantes en la Comunidad Valenciana. La administración regional considera que el nuevo reparto es injusto y carece de fundamento.
Elena Albalat, Consellera de Servicios Sociales, ha expresado su preocupación por las recientes decisiones gubernamentales que afectan a la acogida de menores migrantes. Se critica la falta de recursos y la sobrecarga que esto genera en la comunidad, que ya enfrenta desafíos significativos en este ámbito.
Inconsistencias en el reparto de competencias
La Generalitat ha declarado que no aceptará imposiciones del Ejecutivo central, haciendo eco de lo que considera un manejo irresponsable de la situación. Albalat subraya que el reparto de 1.903 menores asignado a la Comunidad Valenciana resulta arbitrario y desvía la atención de las verdaderas necesidades del sistema de protección de menores.
Falta de apoyo y recursos
La consellera ha enfatizado que asumir un número tan elevado de traslados sin recursos adicionales y sin infraestructuras adecuadas compromete la calidad de la atención y el bienestar de los menores. Según Albalat, este enfoque podría poner en riesgo el interés superior de cada niño.
Tensión creciente en la red de atención a menores
La administración valenciana señala que estos planes gubernamentales no pueden basarse en la sobrecarga desproporcionada de algunas comunidades en detrimento de otras. La nueva distribución de competencias tan solo exacerba la ya compleja situación que enfrenta la red de atención a menores en la Comunidad Valenciana.
Desconexión con la realidad regional
Albalat denuncia una completa desconexión entre el Gobierno central y la situación en la comunidad, argumentando que la decisión es arbitraria e improvisada. Esta crítica fue emitida en el contexto de la reciente suspensión de una reunión convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia, que no pudo llevarse a cabo por la falta de quorum.
Rechazo a una reunión considerada ilegal
Antes de la reunión que iba a definir el nuevo reparto, Albalat ya había manifestado su rechazo a participar, aduciendo que el orden del día era ilegal. La Generalitat impugnó formalmente esta convocatoria señalando que cualquier posible acuerdo carecería de validez legal.
En resumen, la postura de la Generalitat Valenciana es clara: la adopción de medidas que agravan la situación de vulnerabilidad de los menores no solo es irresponsable, sino que también refleja una falta de comprensión profunda de las realidades locales.
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