En un movimiento sorpresa, Junts y PP han formalizado este miércoles, justo al límite del plazo, un pedido de informe al Consell de Garanties Estatutàries sobre la controvertida ley de los comunes. Esta normativa busca restringir la compraventa de viviendas en zonas consideradas tensionadas debido a la especulación.

Parálisis en la aprobación de la ley

Gracias a esta solicitud, la aprobación de la norma que iba a realizarse este jueves queda suspendida. Aunque el dictamen del CGE no es vinculante, se estima que provocará un retraso considerable, posponiendo la aprobación hasta, al menos, octubre. La ley había surgido como una de las concesiones por el apoyo de los comunes a los primeros presupuestos de Salvador Illa.

Argumentos de oposición

Los parlamentarios de Junts y PP coinciden en criticar que la ley infringe derechos básicos, como el derecho a la propiedad y a la libre empresa. Además, sostienen que esta normativa genera inseguridad jurídica y que debería ser modificada mediante el derecho civil, no por vías administrativas o urbanísticas. Junts también resalta que la ley afectaría la libre circulación de personas y bienes.

Divergencias entre los opositores

A pesar de sus coincidencias, Junts y PP presentan diferencias en sus posturas. Mientras que Junts argumenta que se está vulnerando la autonomía local, el PP argumenta que cualquier cambio legal debe ser abordado a nivel nacional, no desde una legislación autonómica.

Detalles de la normativa original y sus enmiendas

El texto original propone vetar la compra de viviendas para cualquier persona que ya resida en una zona tensionada. Sin embargo, las enmiendas propuestas por PSC y Esquerra Republicana sugieren que la prohibición debería aplicarse únicamente a grandes tenedores, aquellos que poseen cinco o más inmuebles.

Reacciones anticipadas

El debate sobre esta ley no es nuevo; en febrero de este año, el PP catalán ya advirtió que, en caso de aprobarse, presentarían un recurso ante el Tribunal Constitucional. Las tensiones en torno a esta normativa resaltan la complejidad de la situación inmobiliaria en Cataluña, que sigue siendo un tema candente en la agenda política.