La juez que lleva la investigación del accidente en Adamuz ha condenado nuevamente a Adif por su falta de comunicación sobre las actividades de mantenimiento. Esta es la segunda advertencia formal que recibe la empresa pública después de que se reportara la retirada de material sin autorización judicial.

Conflictos y Advertencias: El Caso de Adif

El conflicto comenzó el 2 de marzo, cuando Adif envió un comunicado al Tribunal de Instancia de Montoro, anunciando planes de mantenimiento para el próximo mes. La empresa detalló que tenían programado, para la noche del 3 al 4 de marzo de 2026, el reemplazo de un tramo de via de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, en dirección a Madrid.

Proximidad al Lugar del Accidente

Los trabajos se localizan a más de un kilómetro del sitio donde ocurrió la tragedia el 18 de enero, que dejó 46 fallecidos, aunque se encuentran cerca de la zona del Puesto Banalizado de Adamuz. A pesar de esta distancia, la juez ha enfatizado la necesidad de mantener el control judicial sobre cualquier actividad en la red.

Reacción de la Juez

El 4 de marzo, Cristina Pastor manifestó su desagrado por la notificación de Adif. En su providencia, solicitó que la empresa se abstuviera de llevar a cabo cualquier tarea de mantenimiento que impacte la red ferroviaria en el tramo de Adamuz, sin notificar al tribunal con al menos 15 días de antelación. Este control es fundamental para garantizar que no se obstaculice la investigación en curso.

Retiro de Material y Responsabilidades Potenciales

Este enfrentamiento no es nuevo. Recientemente, la Guardia Civil advirtió que Adif había retirado material del lugar del accidente sin autorización judicial, lo que llevó a la juez a ordenar la reposición de las pruebas. Un incumplimiento de esta orden podría acarrear responsabilidades penales para la empresa.

Parálisis en los Estudios Metalúrgicos

Aparte de otros conflictos, la magistrada también ha detenido los estudios metalúrgicos sobre las soldaduras implicadas en el accidente, que habían sido contratados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). En otra providencia, Pastor determinó que estos estudios no deben continuarse, subrayando la necesidad de autorización previa para cualquier análisis relacionado con el caso.