Hazte Oír solicita a la escolta de Santaolalla la notificación de un acto judicial al no poder contactarla

Hazte Oír solicita a la escolta de Santaolalla la notificación de un acto judicial al no poder contactarla

Conflicto Judicial: Hazte Oír Busca Notificar a Sarah Santaolalla a Través de la Policía

La asociación Hazte Oír ha solicitado al juzgado de Salamanca que notifique a Sarah Santaolalla sobre una citación para un acto de conciliación, alegando no poder localizarla. Esta medida se produce en un contexto de fuerte tensión judicial.

En un reciente documento al que tuvo acceso este diario, Hazte Oír ha presentado su petición ante el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Salamanca. La organización solicita el auxilio de la policía para llevar a cabo la notificación, tras haberse revelado que Santaolalla cuenta con la protección de cuatro agentes de seguridad designados por el Ministerio del Interior.

Las Justificaciones de Hazte Oír

El texto presentado por la asociación indica que la activista posee un dispositivo de protección que demuestra la viabilidad de realizar la notificación a través de cuerpos de seguridad. “Esto no vulnera ningún derecho ni pone en riesgo la seguridad de la activista”, argumenta el comunicado, instando a la Policía Nacional y al Ministerio dirigido por Marlaska a colaborar en el proceso.

Un Procedimiento Judicial Enredado

La dificultad para localizar a Santaolalla no es un fenómeno nuevo. Esta situación se ha repetido desde el inicio del marco jurídico el año pasado. En un fallo del 17 de febrero de 2026, el juzgado notificó que los intentos previos de contactar a la activista habían fracasado, una situación que se remonta a la primera citación del 4 de diciembre de 2025.

Detrás del Conflicto: Acusaciones y Respuestas

Este cruce judicial está vinculado a una demanda de Hazte Oír, que surgió tras comentarios de Santaolalla en un programa de televisión en los que tildó a sus miembros de “delincuentes” y “peligrosos”. Esto llevó a la organización a acusarla de calumnias e injurias, solicitando una rectificación pública y una indemnización de 30.000 euros.

Mientras tanto, la reciente decisión del Ministerio del Interior de ofrecer protección a Santaolalla ha generado polémica entre los cuerpos policiales. El sindicato Jupol ya ha expresado su descontento por los costos asociados y ha argumentado que los efectivos deberían estar en la calle, asegurando la seguridad de la ciudadanía.

La tensión sigue aumentando en este escenario judicial, que refleja no solo un conflicto personal sino también un choque entre intereses públicos y situaciones privadas dentro del ámbito social actual.

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