Hace tres años, Sandra recibió la inesperada noticia de que había ganado 400.000 euros en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, un regalo que representaba una tradición familiar. Sin embargo, la felicidad se vio rápidamente empañada por un obstáculo inesperado: su marido estaba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), lo que le impidió cobrar el premio.

Una Carrera Legal Iniciada

Como reveló el diario ABC, la ganadora decidió presentar una denuncia contra la ONCE, argumentando que la organización no actuó de forma justa, ya que su marido desconocía las implicaciones de su autoexclusión. A pesar de sus esfuerzos, Sandra acabó desistiendo de la batalla legal debido al temor a las posibles costas y a los gastos derivados de una posible desestimación de su demanda.

Temor a las Consecuencias

La situación se complicó cuando Sandra no fue considerada para la justicia gratuita, medida que permite a quienes carecen de recursos litigios gratis. Esta circunstancia la llevó a renunciar a un premio que podría haber transformado su vida. Hasta ahora, no ha intentado reabrir el caso, aunque ha dejado la puerta entreabierta para el futuro.

Desafíos en el Camino

Según el abogado de Sandra, combatir legalmente a la ONCE no es una tarea sencilla. La organización no respondió a la reclamación inicial, adoptando una postura de silencio administrativo negativo, que ralentizó aún más el proceso. No obstante, la ONCE ha mantenido una sólida defensa en casos similares relacionados con la autoexclusión del juego.

Pruebas Comprometedoras

En su denuncia, Sandra alegó que contaba con pruebas documentales de que el cupón premiado había sido vendido por una quiosquera en el Mercado Central de Valencia. Sin embargo, dicha vendedora se negó a ratificar su declaración de manera presencial.

Los abogados de Sandra solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar que a su marido le entregaron los documentos sin explicaciones claras, lo que habría impedido cualquier cambio de titularidad. Sin embargo, la ONCE argumentó que su sistema de videovigilancia se encontraba inactivo en ese momento, lo que llevó a Sandra a presentar otra denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.

Normativa y Destino del Premio

De acuerdo con el reglamento interno de la ONCE, los premios están destinados a fines sociales. El artículo 37 establece procedimientos para validar y controlar los premios, y el artículo 37.5 especifica que aquellos que estén en el RGIAJ no podrán cobrar el premio. Según la ONCE, este sistema se activa automáticamente para bloquear pagos cuando se identifica a un titular en la lista de autoexclusión.

A pesar de su comprensión y respeto hacia la ganadora, la ONCE reafirmó que la normativa estatal les impide pagar el premio, aunque desearían hacerlo.