El PNV logra la cesión de su sede en París tras un giro inesperado del Gobierno
En un controversial movimiento político, el Consejo de Ministros ha decidido transferir la titularidad del Instituto Cervantes en París al Partido Nacionalista Vasco (PNV), a pesar de haber rechazado previamente esta solicitud por la falta de pruebas.
El Consejo de Ministros dio luz verde a la entrega del inmueble a finales de diciembre de 2024. Este cambio de resolución genera interrogantes sobre el proceso que llevó a esta decisión, dado que en mayo del mismo año se había archivado la petición del PNV debido a la inexistencia de pruebas que validaran su vínculo con la adquisición del edificio en 1937.
El informe que llevó a la decisión
La decisión se basó en un informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que concluyó que no había suficientes evidencias para validar la solicitud. Este informe fue promovido por la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien indicó que faltaban los elementos necesarios para continuar con la tramitación.
Documentación no respondida
A pesar de los requerimientos de documentación adicional enviados al PNV, no se recibió respuesta adecuada. El informe también señalaba que la información presentada no era suficiente para demostrar la relación jurídica necesaria, lo que llevó al archivo de la petición.
Un cambio de rumbo en el proceso
Tras el estancamiento del expediente, el Gobierno decidió cambiar la instrucción de las solicitudes de restitución, trasladando la responsabilidad a un nuevo departamento bajo la Secretaría de Estado de Fernando Martínez, vinculada al Ministerio de Política Territorial. Esta reestructuración se realizó bajo el argumento de que se requería un análisis histórico más profundo para evaluar las incautaciones.
Legislación en juego
La Ley de Memoria Democrática permite la devolución de bienes incautados cuando se acredita que estaban relacionados con el partido solicitante. Sin embargo, el informe del Patrimonio advertía que el PNV no había logrado demostrar claramente esta conexión. A pesar de ello, el decreto que autorizó el traspaso justificó la acción citando la conexión histórica del edificio con el partido.
Un giro político
El cambio en el enfoque llevó al Gobierno a modificar la Ley de Restitución que había sido establecida por el anterior régimen. Esta maniobra política buscaba asegurar el apoyo del PNV para la aprobación del decreto-ley relacionado, aunque la medida fue finalmente anulada por Junts en enero de 2025.
El palacete ya es del PNV
Previamente a la derogación del decreto, el palacete fue formalmente inscrito a nombre del PNV. Este movimiento político ha suscitado debates sobre la transparencia y la legitimidad del proceso seguido por el Gobierno, especialmente en un contexto de debilidad parlamentaria.
El informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado había anticipado que la falta de pruebas podría generar dudas sobre la fuente de financiación de la adquisición del inmuble, complicado así la restitución y la credibilidad del PNV en este asunto.
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