El gobierno valenciano ha abierto una investigación a un funcionario que aprobó el visado de un expediente para la asignación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante. Este funcionario es cónyuge de una solicitante, y se le acusa de omitir información crucial relacionada con su unidad de convivencia.

Las Revelaciones que Desataron el Escándalo

El anuncio de esta medida llega tras la polémica que ha surgido por la compra de cuatro viviendas de protección por parte de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, sus hijos y un arquitecto municipal. La situación ha generado un profundo malestar en la comunidad y ha llevado a la Generalitat a actuar con rapidez.

Acciones Inmediatas de la Generalitat

Según fuentes del gobierno valenciano, la secretaría autonómica de Vivienda optó por solicitar un informe de la dirección territorial sobre la adjudicación, lo que resultó en afirmaciones de que todos los solicitantes cumplían con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Verificación de Procedimientos

El 30 de enero, se emitió un informe que detallaba el procedimiento de adjudicación y la participación de las personas involucradas. La Generalitat ha enfatizado que se está trabajando con «rigor y contundencia» para asegurar que no ha habido manipulación o irregularidades durante el proceso.

El Expediente Disciplinario

Con el inicio de la investigación, la dirección territorial destacó que el funcionario en cuestión había incurrido en «faltas muy graves». En consecuencia, se ha abierto un expediente disciplinario que incluye la suspensión cautelar de empleo y sueldo hasta que se esclarezcan los hechos.

Responsabilidad y Transparencia

Fuentes de la Generalitat han subrayado que este acto indebido no involucra a ningún cargo político en el proceso de visado. Este caso ha llevado a la administración a reafirmar su compromiso con la responsabilidad y la transparencia, reforzando los mecanismos de control en las adjudicaciones de VPP.

Nuevas Medidas para Prevenir Irregularidades

Además de las medidas del Decreto 180/2024, se implementará un nuevo sistema de verificación mediante una mesa de control. La Generalitat se ha comprometido a actuar con firmeza para salvaguardar el interés público y recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.