El TSJ urge a la Generalitat Valenciana a investigar multa por el entierro de una mujer trans con nombre masculino

El TSJ urge a la Generalitat Valenciana a investigar multa por el entierro de una mujer trans con nombre masculino

Controversia en Alicante: El Tribunal Superior aborda el entierro de una mujer trans

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha solicitado a la Generalitat que evalúe la posibilidad de sancionar el entierro de una mujer trans en Aspe, donde se utilizó su nombre masculino anterior, decisión que fue tomada por sus padres adoptivos.

En una reciente sentencia, el alto tribunal valenciano ha abordado un tema delicado que afecta los derechos del colectivo LGTBIQ+. La decisión, conocida gracias a un adelanto de El Salto, resalta la importancia de la defensa de estos derechos en el ámbito legal.

Un fallo histórico en defensa de los derechos trans

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido la legitimidad de la asociación Euforia Familias Trans Aliadas en su recurso contra la Generalitat, que había rechazado abrir un proceso sancionador por el entierro de la mujer trans, identificada como Daniela. Este entierro se realizó bajo su nombre masculino, lo que ha suscitado un fuerte debate sobre discriminación de género.

La Generalitat, al desestimar iniciar una acción sancionadora, argumentó que el control sobre los cementerios corresponde a los municipios. Sin embargo, el TSJCV determinó que la denuncia se basa en una supuesta discriminación de género, lo que compete directamente a la Conselleria y a su Subsecretaría de Dirección General.

El abogado de Euforia resalta la trascendencia del fallo

Saúl Castro, el abogado que representó a Euforia en este caso, subrayó la importancia de que el TSJCV reconociera la legitimidad de la asociación. «Este fallo pionero permite que se defiendan los derechos del colectivo LGTBIQ+ en situaciones donde a menudo son vulnerados», afirmó Castro.

El letrado también destacó que este tipo de situaciones pueden resultar complejas, especialmente cuando son los familiares quienes no respetan los derechos de sus seres queridos. «Sin la intervención de Euforia, nadie habría litigado por Daniela», enfatizó.

La denuncia que desencadenó la acción legal

La controversia se inició en junio de 2023, más de un año después del entierro, cuando Euforia presentó una denuncia ante la Dirección General de Igualdad en la Diversidad. La denuncia se centraba en que los padres adoptivos de Daniela la habían sepultado usando su nombre masculino, así como fotografías de su vida anterior a la transición, lo que se consideró un atentado contra su dignidad.

La asociación también denunció al Ayuntamiento de Aspe, argumentando que este no garantizó la protección contra la discriminación, incumpliendo sus obligaciones legales. Sin embargo, un informe posterior de la Generalitat desestimó la denuncia, atribuyendo la responsabilidad de los entierros al consistorio local.

La valoración del TSJCV

El TSJCV ha abordado la legitimidad de Euforia en el proceso, señalando una relación estrecha entre la causa y la actividad de la asociación, lo que justifica su participación. Aunque el tribunal revocó el informe que impedía iniciar un procedimiento sancionador, dejó a la Administración la decisión sobre cómo proceder en este caso.

Reacciones de la Generalitat y la oposición política

Tras la sentencia, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad han indicado que están revisando el expediente para determinar si se llevarán a cabo acciones basadas en esta resolución. Desde Compromís, el diputado Francesc Roig lamentó que, a pesar de haber legalizado su nombre, Daniela fue enterrada con su nombre anterior, lo que refleja la urgencia de abordar la inacción de la Generalitat frente a estas situaciones.

A pesar de que el entierro ocurrió en abril de 2022, la denuncia se formalizó un año después, en un contexto político cambiante tras las elecciones autonómicas.

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