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La Justicia Respaldó a un Policía Nacional: Indemnización por Lesiones Durante el Servicio
La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León garantiza una indemnización de 3.600 euros a un agente de la Policía Nacional, quien sufrió lesiones en una intervención. Este fallo refuerza la importancia de proteger a quienes arriesgan su seguridad en el deber.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia que condena a la Administración General del Estado a pagar una indemnización de 3.600 euros a un policía nacional que sufrió lesiones durante el ejercicio de su labor. La resolución, que rechaza la figura de la prescripción, establece un precedente significativo en la defensa de los derechos de los agentes.
Una Decisión Que Fortalece la Protección del Personal Policial
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León ha acogido favorablemente el recurso presentado por Jupol, el sindicato de policías, defendiendo así la labor de los agentes ante decisiones administrativas injustas. Este fallo reitera que la Administración no puede eludir su responsabilidad de proteger y compensar a los funcionarios que resultan heridos en el ejercicio de sus funciones.
Rechazo a la Prescripción: Un Avance Judicial
En este caso, la Dirección General de la Policía había desestimado la reclamación del agente basándose en que el derecho a la indemnización estaba prescrito. Sin embargo, el tribunal desestimó esta interpretación, confirmando el derecho del policía a recibir la indemnización conforme al principio de indemnidad, que obliga a la Administración a reparar los daños ocasionados a sus empleados en acto de servicio.
Plazos Claros y Conocimiento de la Insolvencia
El tribunal detalló que el plazo de prescripción no comienza a contar desde el día de la lesión, sino desde que el agente tiene conocimiento fehaciente de la insolvencia del responsable civil. En este caso, la Sala determinó que dicho conocimiento se había producido en noviembre de 2023, lo que hace que la reclamación presentada en marzo de 2024 esté dentro del plazo legal de cuatro años.
Un Importante Precedente para los Policías Nacionales
El fallo trasciende lo económico: subraya el deber de la Administración en relación a la indemnización de sus funcionarios, fortaleciendo así el marco jurídico de protección para los policías que sufren daños mientras cumplen con su deber. Jupol celebró la sentencia, destacando que no solo supone una reparación para el agente afectado, sino que también sienta un precedente crucial para otros policías que han enfrentado negativas administrativas injustas.
«No vamos a permitir que quienes arriesgan su integridad física en defensa de la seguridad de todos tengan que lidiar con el abandono institucional», afirmó el sindicato en respuesta al fallo.
