El Tribunal Supremo Revoca Indemnización a Mujer por Trombosis Post Vacuna
Una reciente decisión del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la condena que obligaba a la Junta de Extremadura a indemnizar a una mujer que sufrió trombosis tras vacunarse contra el COVID-19. Conoce los detalles de este fallo que aclara la responsabilidad de la Administración en casos de efectos adversos.
Contexto de la Sentencia
El Tribunal Supremo ha anulado la condena que obligaba a la Junta de Extremadura a pagar 40.000 euros a una mujer que, 56 días después de recibir la vacuna Janssen en 2021, sufrió una trombosis significativa. La decisión se basa en la premisa de que la Administración no será responsable de los efectos adversos relacionados con la vacuna a menos que se demuestre una «mala praxis».
El Caso Específico
La mujer había acudido a urgencias el 26 de agosto de 2021 con un cuadro grave de trombosis mesentérica tras recibir su dosis. Su reclamación se fundamentaba en la supuesta relación entre la vacuna y la trombosis presentada. Sin embargo, la Junta de Extremadura argumentó que, según el informe sanitario, no existió mala praxis médica en su atención.
Jurisprudencia Establecida
En el fallo, el Tribunal fijó que, dada la naturaleza excepcional de la pandemia, la responsabilidad de la Administración se limita a los casos en que se demuestra una falta de diligencia. Los efectos adversos de las vacunas, aunque ciertos, no pueden ser imputables automáticamente a la acción del gobierno si no hay evidencia de negligencia.
Detalles Técnicos de la Vacuna
La sentencia también señala que el tipo de trombosis asociado a la vacuna es excepcional y se desarrolla generalmente entre cinco y 24 días tras la inoculación, un plazo menor al experimentado por la reclamante. Esta información fue crucial para el desenlace del caso.
La Voluntariedad de la Vacunación
El Tribunal señala que la vacunación fue una decisión voluntaria, enfatizando que los individuos que optaron por recibir la vacuna asumieron un riesgo inherente. Además, la sentencia argumenta que, aunque se podría haber tomado una decisión más cautelosa al respecto, el costo en términos de salud pública podría haber sido mayor si se hubiera optado por prohibiciones estrictas.
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