Tribunal Supremo Reitera Prohibición de Comunicación en Casos de Violencia de Género
En un fallo contundente, el Tribunal Supremo de España reafirma la importancia de las medidas cautelares destinadas a proteger a las víctimas de violencia de género, condenando a un hombre que intentó comunicarse con su expareja a través de terceros.
Un reciente fallo del Tribunal Supremo establece que cualquier intento de comunicación entre un acusado de violencia de género y su víctima, aún a través de intermediarios, viola las prohibiciones impuestas por la ley. Esto ocurrió en un caso donde el condenado buscó que amigas de su expareja lo ayudaran a persuadirla para retirar una denuncia en su contra.
Detalles del Caso Judicial
El condenado había recibido una orden de restricción que le prohibía cualquier tipo de contacto con su expareja, estableciendo una distancia mínima de 500 metros. A pesar de esto, recurrió a dos amigas para intentar que la mujer abandonara el proceso judicial en su contra.
El Argumento de la Defensoria
En primera instancia, un juzgado penal lo sentenció a siete meses de prisión por quebrantar la medida cautelar. Sin embargo, la Audiencia Provincial lo absolvió, argumentando que las amigas no contaban como un medio de comunicación directo, lo que generó un importante debate legal.
La Perspectiva de la Fiscalía
El caso llegó al Tribunal Supremo después de que la Fiscalía apelara la decisión. En su recurso, advirtieron sobre las «graves consecuencias» que tendría permitir que los acusados se comunicaran con las víctimas mediante terceros, lo cual, según ellos, podría poner en riesgo la protección de las mujeres bajo estas medidas cautelares.
La Decisión del Tribunal Supremo
El magistrado Andrés Palomo enfatizó que el contacto a través de amigas constituye una forma de comunicación que infringe la prohibición impuesta. Este enfoque es consistente con la jurisprudencia y la interpretación de las leyes de protección a las víctimas de violencia de género.
Así, el Tribunal Supremo falló a favor de la Fiscalía, reinstaurando la pena de siete meses de cárcel para el acusado, subrayando que el respeto a las medidas cautelares es esencial para la protección de las víctimas.
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