La propuesta del PSOE de Sevilla se presentó como una salida tentadora para evitar que la denunciante mantuviera su acusación de acoso laboral contra Demetrio Pérez, un miembro destacado de la Ejecutiva de la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

El Intento de Silenciar a la Denunciante

La trabajadora, aludiendo a un acoso sufrido desde que realzó una tarea asignada, se vio envuelta en la inducción a retirar su denuncia a cambio de un puesto en «cualquier organismo o empresas de administraciones controladas por el grupo socialista».

Una Situación Comprometida

Así lo confirma la demanda presentada, que señala que Demetrio Pérez continúa en su rol de coordinador de Presidencia de la Diputación. A raíz de la denuncia, también se ha abierto un caso judicial contra él por un presunto delito de coacciones.

Investigación Judicial en Marcha

Un juzgado de Sevilla investiga no solo a Pérez, sino también a otros dos implicados y al partido, con la primera audiencia programada para el 29 de abril. En esta instancia, los acusados deberán aclarar los términos de la querella.

El Inicio del Acoso

La denunciante reporta que el acoso empezó en noviembre de 2023, cuando sufrió gritos y humillaciones por parte de Pérez, provocándole un estado de ansiedad extrema que requirió atención médica. Esta situación se agravó con la reducción de sus funciones y el sometimiento a un control desmedido.

Manipulación en Proceso Interno del PSOE

Según el relato del partido, la denuncia fue presentada a través de los canales internos en marzo de 2025, aunque los hechos se remontan a un año y medio atrás. Un día después de la denuncia, Pérez inició acciones legales por supuestas injurias que involucran a la denunciante.

Acusaciones y Respuestas

La misma denuncia incluye declaraciones preocupantes de otros miembros del partido, como una insinuación de que la trabajadora había sido «enchufada» y no contratada por méritos. Tras la investigación interna, el partido respaldó a Pérez, alegando que la denunciante no había presentado pruebas suficientes.

Una Decisión Difícil

Pese a las intimidaciones, la trabajadora optó por rechazar la oferta laboral, convencida de que estas acciones podrían ser delictivas, un camino que ahora se encuentra bajo el escrutinio legal.