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Investigaciones de corrupción en el PSOE: Exmilitantes y comisiones ilegales al descubierto
La trama de corrupción que involucra a exmiembros del PSOE sigue tomando forma. La Audiencia Nacional ha desvelado indicios de una red dedicada al cobro de comisiones ilegales entre 2021 y 2023, en la que estarían implicados varios funcionarios públicos.
Desenmascarando la trama
El juez Antonio Piña, al frente del Juzgado de Instrucción número 6, sostiene que la exmilitante Leire Díez y el exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, habrían coordinado una estructura para obtener beneficios económicos ilícitos. Se investiga la participación de diversos funcionarios que, supuestamente, facilitaron el cobro de comisiones que ascenderían a 132,9 millones de euros a través de sobornos.
Las claves de la investigación
La influencia de Fernández Guerrero
Durante su gestión desde junio de 2018 hasta octubre de 2019, Fernández Guerrero habría ejercido una notable influencia sobre expedientes administrativos, aprovechando su conexión con la vicepresidenta María Jesús Montero. La Unidad Central Operativa (UCO) ha descubierto un grupo conocido como ‘Hirurok’, vinculado con la gestión de diferentes casos de corrupción.
<h3>Nuevos actores en el escenario</h3>
<p>El empresario Joseba Antxon Alonso también se encuentra bajo la lupa de los investigadores. Se le relaciona con Santos Cerdán, un exsecretario del PSOE, en una empresa que actualmente enfrenta un escrutinio en el Tribunal Supremo por su supuesta participación en manipulación de contratos públicos.</p>Operaciones en el punto de mira
Comisiones a través de Mediaciones Martínez
Se han detectado cinco operaciones bajo sospecha, todas relacionadas con la SEPI. En la primera, se investiga un rescate por 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos S.A., donde se obtuvieron 114.950 euros en comisiones. La segunda operación involucra un contrato público con Mercasa, donde se sospecha que se recibió una comisión por un informe técnico innecesario.
<h3>Beneficio personal y desvíos de fondos</h3>
<p>Dentro de las indagaciones, se han encontrado evidencias de inversiones inmobiliarias en diversas localidades, incluyendo Marbella y Jaca, utilizando fondos provenientes de ayudas públicas. Fernández Guerrero, en particular, pudo haber recibido alrededor de 49.350 euros a través de transferencias y efectivo.</p>Un entramado complejo
Los investigadores creen que el grupo operó de manera coordinada, buscando maximizar sus beneficios económicos y utilizando su posición para manipular decisiones en distintas administraciones públicas. La trama no solo destaca la falta de control en la gestión pública, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de medidas más estrictas contra la corrupción.
