El hijo de María Consuelo Campos, segunda teniente de alcalde y estrecha colaboradora de la alcaldesa Cristina Mora, se sumó a la lista de beneficiarios de viviendas protegidas en el municipio, al igual que la primera edil lo hizo años atrás.

Detalles de la Vivienda Adquirida

La propiedad, adquirida en octubre de 2022, está ubicada en la zona de expansión del Molí d’Animeta. Se destaca por sus vistas panorámicas, piscina comunitaria, garaje y trastero, según los registros consultados.

Proceso de Compra y Validación

El joven obtuvo un descuento especial por ser un comprador joven que cumple con los requisitos de ingresos establecidos para este tipo de viviendas. El Ayuntamiento de Quart de Poblet confirma la legalidad de la adquisición y aclara que el proceso fue transparentado.

Fuentes del ayuntamiento subrayan que no hubo trato preferencial. El hijo de la concejal entró a una lista de espera y su compra se concretó en octubre, cuando algunas personas decidieron retirarse.

Cuestiones Éticas y Sociales

A pesar de la legalidad de la transacción, existen cuestionamientos éticos. Se menciona que tanto el giovane como la concejal tienen propiedades adicionales en Quart, destinadas al alquiler. Además, el comprador reside actualmente en Londres, lo cual plantea dudas sobre su intención real de habitar la vivienda.

Requisitos de Habitabilidad

Las normativas de viviendas protegidas especifican que deben ser residencias principales y permanentes para acceder a los beneficios de precio reducido. No obstante, el joven trabaja en Londres, lo que complica su situación legal respecto a la vivienda.

Antecedentes de la Alcaldesa

En 2010, Cristina Mora también adquirió una vivienda protegida sin pasar por el sorteo habitual, lo que ha sido objeto de controversia. Su equipo defiende la legalidad de la transacción y aclara que cualquier promoción inmobiliaria debe ser supervisada adecuadamente.

Reacciones y Críticas

La situación ha avivado un debate sobre las políticas de vivienda y el riesgo de favoritismos en la adjudicación de este tipo de propiedades públicas. Diversas voces critican que personas en posiciones de poder puedan beneficiarse de subsidios destinados a ciudadanos con menos recursos.

Este caso representa un reto para la administración y sus prácticas en la asignación de viviendas protegidas, donde la percepción de transparencia es fundamental para mantener la confianza del público.