Este jueves, el Ministerio para la Transición Ecológica presentará un real decreto que endurecerá las normas de edificación en zonas propensas a inundaciones. Esta medida surge tras la devastadora riada que azotó Valencia a finales de 2024, dejando 230 vidas perdidas. Con la apertura del plazo para que colectivos y administraciones presenten sus alegaciones, el Gobierno busca limitar y, en ciertos casos, prohibir la construcción en las áreas más afectadas.

Planes de Adaptación y Registro de Propiedades

El decreto no solo delimitará donde se puede construir, sino que también exigirá a los municipios de mayor riesgo que implementen planes de adaptación a inundaciones. Además, se notificará a los nuevos propietarios sobre la ubicación de sus terrenos en áreas inundables durante las transacciones de compra y venta. Este cambio, como reconocen fuentes oficiales, tendrá un impacto en los precios del mercado inmobiliario.

Objetivo: Aumentar la Protección ante Eventos Extremos

El propósito del ministerio es que, tras el periodo de alegaciones y la revisión del Consejo de Estado, la norma sea aprobada por el Consejo de Ministros antes de que finalice la legislatura. La justificación se encuentra en los daños ocasionados por fenómenos extremos, como las lluvias de 2019 a 2026, que han demostrado un incremento en la severidad de los episodios de inundaciones.

Clasificación de Suelos y Restricciones

Los suelos inundables se dividen en dos categorías: «flujo preferente» y otras áreas de menor riesgo. En las zonas de flujo preferente, que enfrentan un riesgo del 1%, se prohíbe la transformación de terrenos rurales en urbanizables, permitiendo únicamente intervenciones destinadas a protección. En áreas urbanas, se establece una prohibición de nuevos usos residenciales y la construcción de garajes subterráneos.

Condiciones para las Nuevas Construcciones

Para las restantes áreas inundables, aunque el riesgo es menor, también se implementarán requisitos más rigurosos. La construcción de residencias estará permitida solo a una altura mínima de un metro sobre la cota de inundación, con la misma prohibición de garajes subterráneos. Esta medida busca crear un margen de seguridad frente a las crecientes inclemencias climáticas.

Reflexión ante Desastres Pasados

Transición Ecológica afirma que la memoria colectiva de los desastres es efímera. La propuesta de decreto invita a establecer un Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas, donde se registrarán los eventos más significativos. Además, se buscará desarrollar señalización en áreas urbanas que indiquen los niveles alcanzados durante las mayores inundaciones.

Obligaciones para los Municipios

El decreto impone a los ayuntamientos la responsabilidad de incluir mapas de peligrosidad en sus planes de ordenación urbana. Estos documentos se actualizarán periódicamente con información sobre inundaciones recientes y afectaciones por el aumento del nivel del mar. Los municipios tendrán un plazo de cinco años para adaptar sus normativas a esta nueva legislación.

Planes de Emergencia Local

Los consistorios deberán desarrollar planes de adaptación al riesgo de inundación que aborden la identificación de edificaciones vulnerables y medidas de alerta temprana. Se especificará cómo responder ante las inundaciones, incluyendo la suspensión de clases y la activación de barreras en instalaciones críticas.

A pesar de las normativas previas, la ocupación del suelo sigue creciendo en las áreas de mayor riesgo. Este real decreto busca frenar dicha tendencia y salvaguardar a la población y sus bienes frente a los efectos del cambio climático.