Fernández, quien fue el máximo responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta octubre de 2019, solicitó permiso a la Oficina de Conflicto de Intereses para sumarse a la empresa navarra, que tiene entre sus socios a figuras vinculadas al PSOE, como Antxon Alonso y Santos Cerdán. La autorización fue concedida el 19 de mayo de 2021, pese a su situación judicial.

La ley y el acceso a puestos en el sector privado

Según la ley 3/2015, los ex altos cargos deben pedir autorización para reincorporarse al sector privado durante los dos años siguientes a su salida de la administración. Este procedimiento busca evitar que se beneficien de conocimientos adquiridos en el gobierno. Sin embargo, la oficina responsable no vio incompatibilidad en el salto de Fernández a Servinabar, entendiendo que no había conflictos de interés.

Un puesto vacío y una investigación abierta

La autorización del Gobierno fue necesaria, dado que Fernández no había completado el plazo de dos años desde su dimisión. Durante los dieciocho meses que la SEPI estuvo sin presidente, los rumores sobre legalidad y conflictos de intereses comenzaban a crecer, especialmente tras su implicación en una causa que investiga la adjudicación irregular de contratos.

El ex alto cargo no inició su colaboración con Servinabar hasta que su puesto fue ocupado por Belén Gualda González el 30 de marzo de 2021. Este retraso se debió a la espera de que su causa judicial se archivara, algo que no sucedió, ya que la Audiencia de Sevilla reabrió la investigación sobre su imputación por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La operación que sacude al gobierno

Recientemente, Fernández fue liberado con medidas cautelares tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional. Esta situación ha dejado a la administración de Pedro Sánchez expuesta ante la opinión pública, especialmente con la detención de otros implicados en la trama.

La Fiscalía Anticorrupción no solicitó prisión para los detenidos, pero la gravedad de los hechos y los «numerosos indicios» han llevado a imponer ciertas restricción. Además, se han realizado múltiples registros en oficinas del Gobierno y empresas relacionadas, en busca de documentación sobre contratos bajo sospecha.

La conexión con Acciona y la construcción

La empresa Servinabar, que ha sido centro de atención, se benefició de cerca de dos millones de euros en supuestos servicios prestados a Acciona, empresa adjudicataria de importantes obras públicas. De hecho, el 75% de los ingresos de Servinabar procedían de Acciona, la cual está bajo investigación por presuntas irregularidades en sus contratos.

Los vínculos de Fernández con Servinabar y las circunstancias de su llegada a la empresa plantean serias preguntas sobre la ética en el ejercicio del poder y la interacción del sector privado con la política. Como la trama continúa desarrollándose, serán necesarios mayores seguimientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.