El Boletín Oficial del Estado (BOE) revela que el comité encargado de proponer los candidatos al consejo internacional será dominado por integrantes del Ejecutivo. Esto podría poner en riesgo la validez de la terna que se presente, dado que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha rechazado anteriormente listas similares por la influencia gubernamental.

El comité de selección contará con tres de sus cinco miembros designados por el Gobierno, lo que plantea interrogantes sobre la objetividad del proceso. En el pasado, situaciones similares, como la ocurrida en Hungría bajo el gobierno de Viktor Orbán, resultaron en el rechazo de listas de candidatos por parte de la Asamblea, aduciendo falta de imparcialidad.

La Asamblea Parlamentaria ha advertido que cualquier candidato podría ser rechazado si se determina que el proceso de selección no cumple con criterios de imparcialidad y transparencia. Las normativas actuales, aprobadas en diversas resoluciones, hacen hincapié en la importancia de que los miembros del comité inspire confianza y estén libres de influencias externas.

El comité de selección estará encabezado por Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y otros miembros del Gobierno como Manuel Olmedo y Alberto Herrera. Esta composición ha despertado críticas, ya que la mayoría se encontraría en manos de representantes del Ejecutivo.

Se rumorea que Rafael Bustos Gisbert, un destacado catedrático de Derecho Constitucional, podría ser uno de los candidatos propuestos. Bustos, reconocido por su cercanía con figuras del PSOE, ha generado preocupación por su posible alineación política, lo que podría complicar la aceptación de la terna ante la Asamblea.

El procedimiento de selección de candidatos se concede directamente en documentos clave ratificados por el Comité de Ministros. Estos establecen que el proceso debe ser equilibrado y transparente. Sin embargo, el plazo otorgado por el gobierno español para presentar candidaturas ha sido cuestionado, pues reduce el tiempo necesario para una competencia justa.

La calidad de este proceso de selección tiene un impacto directo en la independencia e imparcialidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El rechazo de listas de candidatos en el pasado por razones de falta de transparencia pone de manifiesto que cualquier desliz podría costarle al gobierno español la reputación y confianza en el ámbito europeo.